El desarrollo de cualquier sociedad pasa por garantizar el derecho humano a una vivienda, pero no a cualquiera. Impensable seguir construyendo y financiando al amparo de negocios turbios esas casas pequeñísimas que parecen maquetas y fueron erigidas en las administraciones pasadas muy lejanas a los centros de trabajo, por lo que miles yacen en pleno abandono.

El mismo Presidente, Andrés Manuel López Obrador, se ha comprometido a darle un giro a la política nacional en materia de vivienda:
“No se van a seguir construyendo huevitos de 30 metros, que son contrarios a los derechos y a la dignidad de las familias; se acaba la corrupción. No se va a seguir construyendo unidades habitacionales en zonas bajas, inundables, sólo porque dan los permisos autoridades a cambio de sobornos”, afirmó el 6 de febrero pasado.
Por eso la trascendencia del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que para funcionar como debe -mediante un modelo más gerencial- requiere enfocar su energía en la entrega de créditos en condiciones más competitivas para sus derechohabientes.

El Infonavit, de naturaleza tripartita (trabajadores, sector empresarial y Gobierno) necesita por igual una limpieza profunda para volverse más eficiente. No sólo estalló un escándalo mediático al comienzo de este nuevo Gobierno cuando se supo que su ex director, David Penchyna, se autoasignó un sueldo de 745 mil pesos mensuales, sino se reveló que estaban a la orden del día las asignaciones de contratos millonarios sin licitación a empresas a modo.

En la lógica de la austeridad republicana, su nuevo director general, Carlos Martínez Velázquez, plantea una reducción a los salarios para ajustarlos al tope presidencial, pero también una disminución de 25% al gasto general de Administración y Operación del instituto.

Uno de los funcionarios de primer nivel que está a cargo de limpiar la casa es el subdirector de Administración y Recursos Humanos, Luis César Priego Valdez, quien por cierto fue alumno de posgrado del actual secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, cuando este último era profesor-investigador en el Tec de Monterrey, por lo que conoce bien las premisas de Urzúa de hacer más eficiente el gasto y cerrar el paso a las prácticas corruptas.

Si bien el Infonavit, fundado en 1972, es la cuarta hipotecaria más grande de todo el mundo y la primera de América Latina, aún hay que fortalecerlo más para materializar el derecho de los trabajadores a una vivienda digna.

En esa línea, Martínez Velázquez logró poner ya en operación el programa de Responsabilidad Compartida para que alrededor de 194 mil derechohabientes cumplidos y de menores ingresos dejen de solventar créditos convertidos en auténticas bolas de nieve, pues estaban fijados en salarios mínimos y no en pesos, como ahora. Con esto los deudores pagarán hasta 55% menos. Es apenas el inicio frente a los retos inmediatos que tiene esta institución estratégica.