La Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley Federal en materia de Hidrocarburos, con las cuales se establecen agravantes para estos delitos cuando estén involucrados franquiciatarios, asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores.
La diputada María del Pilar Ortega Martínez (Morena) indicó que además de las sanciones que implican la revocación del permiso, se establece la inhabilitación para solicitar un nuevo permiso para la realización de la actividad, hasta por 15 años.
“También se establece que, para garantizar el éxito de la investigación, el juez de control podrá solicitar a la Comisión Reguladora de Energía la suspensión temporal del permiso y, en su caso, la suspensión del o los procedimientos iniciados para el otorgamiento de algún permiso de las actividades reguladas por el título tercero de la Ley de Hidrocarburos a solicitud del Ministerio Público, o cuando lo considere procedente”, dijo la legisladora.
Asimismo, se creará un registro de personas físicas o morales cuyo permiso o procedimiento se hubiesen suspendido definitivamente con motivo de una sentencia ejecutorial.
Como medida de prevención para combatir el robo de combustible, los titulares de permisos de distribución y transporte de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, tendrán la obligación de incorporar un sistema de geoposicionamiento en todas las unidades vehiculares utilizadas para el desarrollo de sus actividades.
“Esas modificaciones a la ley significan una medida de apoyo a la labor investigadora de la Fiscalía para lograr que cuente con más herramientas para integrar evidencias contra quienes comenten estos ilícitos, y de esta forma poder coadyuvar para desincentivar el crecimiento de este fenómeno delictivo que afecta de manera grave a nuestro país”, puntualizó Ortega Martínez.
La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz (Morena) dijo que las estadísticas arrojan que en promedio por cada dos horas y aproximadamente a cada 3.5 kilómetros de los ductos, los delincuentes perforan para extraer de manera ilegal gasolinas, diésel, gas, crudo o petroquímicos, que comercializan en el mercado negro.
“La reforma establece medidas que sientan las bases para que el Ministerio Público pueda realizar las investigaciones pertinentes e integrar correctamente las averiguaciones previas de quienes se vean inmiscuidos en cualquier actividad vinculada al robo de hidrocarburos, así como establecer mayores penas para quienes resulten responsables de estas conductas”, indicó Fernández de la Cruz.
Por su parte, el diputado Enrique Ochoa Reza (PRI) dijo que si bien, “todos estamos a favor del combate al robo de hidrocarburos, la estrategia señalada por el gobierno de la República no ha dado los resultados que todos deseamos y que tenemos que ofrecerle al pueblo de México”.
Lamentó que la propuesta no haya sido sometida también a la Comisión de Energía, pues se hubiese enriquecido.
DAMG