Cada tiroteo masivo coloca el tema del control de las armas de fuego en el centro de la atención mundial. Sin embargo, ninguna de las masacres de los últimos años ha logrado endurecer las medidas para acceder a ellas, especialmente en Estados Unidos donde su uso está amparado por la Constitución.
A nivel mundial son más de 250 mil personas promedio que mueren cada año detrás de un arma de fuego. Solamente en Estados Unidos suman casi 34 mil las víctimas de masacres en escuelas, centros comerciales y lugares públicos.
La facilidad para acceder a las armas de fuego en Estados Unidos tiene un impacto directo en países de Latinoamérica, según lo documentó la organización Beyond the Border (Más allá de nuestras fronteras).
A pesar de las cifras y la exigencia de medidas de control que surgen tras cada matanza registrada en Estados Unidos, la cultura de la posesión de armas y la política arraigada en la Constitución otorgan a los ciudadanos el derecho a estar armados, lo que obstaculiza cualquier intento de encaminar una legislación en contra.
De acuerdo con la investigación de Beyond the Border, que se encarga de la investigación y la defensa de las políticas públicas, se estima que de 2014 a 2016, en 15 países de América, se recuperaron 50 mil 133 armas que se originaron en los Estados Unidos como parte de investigaciones criminales.
El reporte, que cita los registros de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, revela que entre 2011 y 2016 al menos 106 mil armas fabricadas en ese país están vinculadas con actividades delictivas en México. De esa cifra, 74 mil 200 fueron compradas legalmente en el territorio estadounidense.
Países como Escocia y Australia, que en el pasado fueron escenario de tragedias masivas, promulgaron leyes para controlar de manera estricta el uso de las armas de fuego con resultados positivos y cuyos modelos se han extendido a otras naciones como Reino Unido, Japón y Alemania.
En Australia no ha ocurrido una masacre de este tipo desde 1996, cuando se emitió la regulación sobre las armas. Mientras en Escocia, se ha reducido los crímenes con armas de fuego en aproximadamente 75% en la última década, según lo documenta un reporte de la BBC.
Por el contrario, en Estados Unidos suman 70 tiroteos en lo que va de 2019 con más de 200 muertos, según cifras de la agrupación estadounidense Archivo de la Violencia con Armas (GVA por sus siglas en inglés) que registra los datos de más de dos mil 500 fuentes judiciales, de gobierno, medios de comunicación y comerciales para proporcionar en tiempo real los datos de la violencia con armas.
En otros lugares del mundo, las estrictas leyes implementadas en Australia y Reino Unido hace más de 22 años, se dieron en un contexto cultural y político diferente al de Estados Unidos, donde se registra el mayor número de incidentes.
Nueva Zelandia se unió a los países con estricto control de armas, debido a los hechos ocurridos el pasado 15 de marzo cuando 50 personas fueron asesinadas a tiros en dos mezquitas en Christchurch.
La matanza llevó a la primera ministra Jacinda Ardern y los líderes del país a prohibir las armas semiautomáticas tipo militar, los rifles de asalto, entre otras medidas.
En Estados Unidos las cosas son distintas. En ese país la propiedad legal de armas es generalizada. La Carta de los Derechos (Bill of Rights) concretamente la segunda de las 10 enmiendas a la Constitución que la conforman, lo contempla y reza lo siguiente: “siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”.
Las leyes federales de armas de fuego en el vecino país, en general, regulan la venta, posesión y transporte de armas de fuego y municiones, mientras que otros aspectos relacionados como requisitos para venderlas al público, son tratados por medio de leyes estatales.
Adicionalmente, opera desde hace casi 150 años la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) que es ampliamente reconocida como una fuerza política, económica, con casi cinco millones de miembros afiliados y cerca de 19 millones sin militancia activa, que se suman al alto número de defensores de los derechos de la Segunda Enmienda de la Constitución.
El NRA ataca cualquier medida que suponga una limitación al derecho a tener armas como un atentado contra la libertad. Y se opone con contundencia incluso a medidas como los intentos de prohibir la venta de fusiles de asalto a civiles o los dispositivos que multiplican el poder letal de las armas semiautomáticas.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó en febrero de este año un proyecto de ley que permitiría ampliar la verificación de antecedentes a prácticamente todas las ventas de armas en el país.
Contó con el apoyo de algunos legisladores republicanos, aunque es poco probable que sea ratificada por el Senado, en donde hay mayoría Republicana.
La NRA tienen una alta filiación republicana y nueve presidentes de Estados Unidos han estado entre sus miembros, entre otras personalidades que integran sus filas y que hacen campañas públicas de apoyo como la ex candidata a la vicepresidencia Sarah Palin y los actores Tom Selleck y Whoopi Goldberg.
Si se convierte en ley la propuesta de los demócratas, ampliaría la verificación de antecedentes a casi todas las ventas de armas al cerrar los vacíos en la ley federal, que exige estos controles cuando las armas son vendidas por comerciantes autorizados, pero no los requiere cuando los ciudadanos se venden y transfieren armas entre sí.
Agrupaciones como la Campaña Brady, que llevan más de 25 años trabajando en contra de la violencia armada en Estados Unidos, señalan que diariamente trabajan en todo el Congreso, los tribunales y comunidades diversas, con más de 90 capítulos de base, reuniendo a jóvenes y viejos, en el sentido de conseguir medidas para el control de armas.
Sin embargo, además de la NRA, las reglas del Senado también pueden frustrar los esfuerzos para promulgar una regulación más estricta.
Existe el llamado “filibuster”, que implica que la mayoría de las leyes importantes necesitan el respaldo de 60 de cada 100 senadores para ser aprobadas, en lugar de una votación de mayoría simple.
Según una investigación de The Washington Post, la NRA ha interferido a lo largo de los años para frenar las investigaciones sobre el control de armas y ha movido sus influencias en la aprobación de leyes y respaldado o rechazado candidatos a gobernadores, al Congreso o la Presidencia.
Aún ahora que los proyectos de ley de control de armas en Estados Unidos tienen esperanzas, no se vislumbra un final feliz, debido a que el Senado se ve más como un obstáculo para el éxito legislativo de medidas restrictivas.
jhs