La senadora Marybel Villegas reconoció la ausencia del gobierno federal en Quintana Roo y anunció que presentará un punto de acuerdo en el Senado para pedir su inmediata intervención a fin de reducir los índices de inseguridad, tarea en la que esa instancia tiene la mayor responsabilidad pues los delitos que se cometen están relacionados, en la mayoría de los casos, con el fuero federal: tráfico de drogas, armas, personas y lavado de dinero.
Villegas mencionó que el aumento en los índices de inseguridad en Quintana Roo, así como en varios estados del país, está relacionado con los homicidios dolosos o “ejecuciones”, el uso de armas de fuego, el tráfico de indocumentados, el narcotráfico y, en general, el crimen organizado.
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— QR Noticias (@QR_Noticias) 10 de abril de 2019
Para combatir esos delitos el gobierno federal recibe el 92% del presupuesto destinado a las funciones de Seguridad Pública pero, en la práctica, continúa la porosidad en aduanas donde ingresan ilegalmente las armas con las que son cometidos el 90% de los crímenes violentos, principalmente del crimen organizado, y hay descontrol migratorio que permite extorsiones como las de los colombianos del Gota a Gota, además de deficiencias en el combate al lavado de dinero como principal fuente de financiamiento de estos grupos criminales.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos destinados para atender la seguridad pública en el país se distribuyen de la siguiente manera: el gobierno federal recibe 92%, los estados 4.6% y los municipios 2.5%.
A Quintana Roo lo han dejado solo desde el sexenio pasado y los cuatro meses que van de la presente administración, antes por el vacío y negligencia de Enrique Peña Nieto y ahora por el combate al huachicol que provocó el desplazamiento del 75% de las fuerzas federales ubicadas en la entidad hacia el centro del país. El resultado es que existe una gran ausencia del gobierno federal contra el crimen organizado que controla el tráfico de drogas, de personas, de indocumentados, además de secuestros, extorsiones y derecho de piso.
dpc