Todo indica que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no logrará superar una de las pruebas y crisis más importantes por las que han atravesado los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, la llamada reforma educativa.

Más allá de los modelos educativos y de aprendizaje académico, estos Gobiernos tuvieron que luchar contra el control sindical primero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, liderado por Elba Esther Gordillo, y posterior a ello por la llamada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En todos los casos anteriores se tuvo que llegar a acuerdos y pactos con ambas fuerzas sindicales.

Para entender todos estos procesos no debemos olvidar como antecedente la llamada “revolución educativa”, iniciada en el sexenio de Miguel de la Madrid. Y como es que tras la crisis educativa con Salinas de Gortari y Zedillo se tuvo que llegar a Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.

Ese pacto no consiguió mermar el poder del sindicato y, por lo tanto, no se lograron revertir problemas como la insatisfactoria calidad de los resultados y la inequidad en la distribución de los beneficios de la educación.

Con Peña Nieto se dio una reforma educativa que logró superar las marchas y manifestaciones que tuvo por meses, incluso pasando por la crisis de Nochixtlán. No fue, sin duda, la mejor reforma, pero en el aprendizaje quedaron los pactos con el SNTE e incluso con la CNTE.

Han pasado cuatro meses y medio, y López Obrador enfrenta una crisis en la que pretende no enfrentarse con la CNTE. Los diálogos con ellos no han funcionado, y eso ha logrado que el Presidente declarara este fin de semana que de no lograrse acuerdos, simplemente emitirá uno que abrogue la citada reforma elaborada en el sexenio de Peña Nieto.

El problema es que para cancelar dicha reforma no basta un decreto de abrogación, pues se trata de una reforma constitucional y, por tanto, cancelarla significa que necesitaría el aval del Senado de la Cámara de Diputados e incluso de las legislaturas estatales.

El derogarla también significaría regresar el control a los grupos sindicales, incluso al que quiere retomar la maestra Elba Esther Gordillo. Y con ello se volvería al eterno problema de la distribución de plazas en el magisterio, de las promociones a modo de profesores en el escalafón docente y los cambios de planteles al gusto de los líderes sindicales. El problema de derogar una reforma como ésta, sin contar con otra pactada, es que los jóvenes perderán la oportunidad de tener no sólo una buena educación, sino de contar con los mejores maestros, pues el actual magisterio y sus sindicatos pretenden eliminar todo rastro de evaluación.

Si el Presidente pretende combatir la corrupcion, debe tomar en cuenta que tiene que aprobar una reforma nueva, y no simplemente desaparecer la existente; de lo contrario, volveremos a los tiempos en los que se heredaban las plazas magisteriales o estaban a la gente. No podemos negar que la evaluación y los concursos son para el ingreso y promoción en el servicio profesional docente, impidiendo que los sindicatos continuaran con prácticas de corrupción.