Expertos urgen a AMLO respetar libertad de prensa
La única relación clara con los medios de comunicación que ha manifestado Andrés Manuel López Obrador es la imposición de una agenda mediática, que resulta desgastante, coincidieron especialistas entrevistados por 24 HORAS.
“Hay una avalancha, una estrategia, que puede tener consecuencias más adelante, que eso establece la relación con los medios. Es algo que ya se había superado, no es necesariamente lo más importante y quita tiempo a los medios de llevar su agenda”, refirió Jorge Bravo, especialista en comunicación política de la UNAM.
En ese sentido, Ramón Morales, académico de la Universidad Panamericana, coincidió, pues en cada conferencia se llegan a manejar hasta 15 temas, los cuales rebasan la capacidad de investigación de cualquier medio de comunicación.
“Esperemos que realmente establezca una relación democrática con los medios de comunicación basada en la libertad de expresión, el derecho a la información y que se ciña a los principios constitucionales, si hace otra cosa sería contrario a la izquierda y la cuarta transformación”, añadió Jorge Bravo.
Los entrevistados también resaltaron el que el mandatario tenga dentro de su consejo asesor a los tres representantes de las principales televisoras del país.
“Eso establece una relación discrecional con los dueños de medios de comunicación porque tienen el picaporte para entrar y hablar de varios temas que evidentemente tienen que ver con sus negocios.
“No debería existir, es violatorio de la ley porque normalmente tienes a las cámaras industriales que sí puedes escuchar y consultar, pero aquí tienes un zumbido de los tres dueños de las televisoras más importantes vean por sus intereses”, resaltó Bravo.
Morales indicó que este consejo a la vez le abre la puerta al Presidente para comunicación cualquier mensaje en tiempos privados de manera más rápida que con los oficiales, y naturalmente implica un beneficio para éstas élites.
Dado que el Presidente ha declarado que recortará al 50% el gasto en publicidad, Jorge Bravo apuntó que debe establecer las reglas claras de cómo será esa distribución y si realmente dejará de ser el publicista de los medios.
“Debería haber reglas claras, una política realmente de comunicación social, una legislación más democrática.
“Si más adelante el gobierno recibe más cuestionamiento es posible que regrese el gasto en comunicación social y regrese esa relación discrecional”.
El académico de la UP coincidió, pues será claro que un medio de comunicación que tenga ausencia de publicidad oficial, tendrá que verse obligado a ser más crítico y capitalizar con eso.
Morales también resaltó que para que realmente López Obrador demuestre un cambio con una anterior administración que se gastó más en hacer creer que estaba trabajando que en política social, tiene que demostrar un mínimo de crecimiento económico que el sexenio pasado.
“Por más que haga conferencias mañaneras muy chistosas, por más que su ejército de opinadores a modo diga que él es el mero mero, si esto no se traduce en el bolsillo de la gente y no hay crecimiento económico, no puede hablar de cambio”, Ramón Morales, académico UP.
Buscan que respondan por daño moral
JORGE X.LÓPEZ
La diputada Dulce María Sauri (PRI) elaboró una iniciativa para que el Presidente de la República pueda ser demandado por daño moral, ser juzgado por delitos contra la administración de la justicia, y por alguno de los 15 delitos contenidos en el artículo 19 Constitucional, recientemente reformado.
Explicó que “una y otra vez” durante las conferencias diarias que realiza el mandatario se hace una especie de linchamiento mediático con las afirmaciones del Presidente sobre el actuar de determinadas personas que no tienen la menor posibilidad de defenderse.
“Me parece que las conferencias mañaneras tienden a convertirse en un tribunal mediático de la Santa Inquisición…pero yo no estoy pretendiendo que se configure un delito, no. Simplemente que por la vía del Código Civil, el Presidente pueda ser demandado por daño moral. Eso es lo que pretendo”, puntualizó la priista.
En la exposición de motivo de su propuesta, Sauri indicó que con las conferencias matutinas se ha demostrado que, lejos de romper paradigmas, se ha convertido en un espectáculo mediático que permite al Ejecutivo Federal disponer de una plataforma para banalizar la información gubernamental.
“Realiza señalamientos sin permitir a la contraparte afectada el derecho de réplica; enuncia datos y cifras sin ningún tipo de sustento objetivo; brinda información poco trasparente generando incertidumbre…el Presidente rectifica, da instrucciones, corrige cifras, regaña a funcionarios, cuenta anécdotas y emite cualquier juicio de valor respecto de aquello que considera relevante o irrelevante”, puntualizó.
Con ello, indicó, López Obrador actúa como acusador y juez, dictando de manera implacable sentencias condenatorias sin que los afectados tengan oportunidad alguna de defensa, señaló Sauri en la fundamentación de su propuesta.
Añadió que también buscará que el Presidente, bajo el principio de igualdad entre los ciudadanos, como uno de los pilares fundamentales de la democracia, pueda ser juzgado por los ilícitos contenidos en el párrafo segundo del artículo 19 Constitucional.
Estos delitos incluyen, entre otros, abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, y robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.
Añadió que el Presidente ha incurrido en conductas que el Código Penal Federal establece como delitos contra la administración de justicia, al haber ventilado información relacionado con procesos de investigación que se encuentran en pleno desarrollo, emitir actos de autoridad que producen daños y dan ventaja indebida a personas, como en el caso de la circular para negar que empresas puedan participar en licitaciones públicas solamente por sospechas y sin pruebas alguna.
Casos que podrán configurar como delitos
Por Jorge X. López
-Cuando el Presidente acusó a Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía, de un supuesto conflicto e interés, después de que éste diera su opinión sobre las ternas enviadas por el Ejecutivo Federal al Senado. Ni la Secretaría de la Función Pública, ni López Obrador han demostrado la existencia del conflicto de interés.
-El ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa y al ex Secretario de Salud, José Narro, fueron acusados de actos de corrupción relacionados con contratos firmados durante su encargo, acusaciones que no han sido fundamentadas ni probadas en las instancias pertinentes
-El Presidente y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, sostuvieron que existió una campaña negra orquestada en contra del Presidente durante en proceso electoral 2018, y, en medio de un proceso de investigación, sin existir una resolución final por parte de la autoridad correspondiente, decidió exhibir los nombres de las personas y de las empresas que están siendo investigadas.
-Cuando López Obrador solicitó que tres empresas relacionadas con la industria farmacéutica fueran vetadas de participar en licitaciones del nuevo gobierno por la sospecha de que actuaron de manera inmoral y violatoria del artículo 28 constitucional, el Ejecutivo Federal emitió un acto de autoridad basado en sospechas.
LEG