Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, nos dijo en su reciente visita a México encontrarse alarmada por el nivel de violencia que se vive en nuestro país.
A la expresidenta de Chile la apabullaron —¿a quién no?— las más de 250 mil muertes violentas de los últimos once años; los más de 40 mil desaparecidos; los más de 26 mil cuerpos sin identificar; el escandaloso número de fosas clandestinas y el alto número de diarios feminicidios. No es la primera vez que aquí lo decimos, tenemos niveles de violencia similares a países en guerra.
En la misma semana, el Instituto para la Economía y la Paz presentó el Índice de Paz México, el cual señala un pequeño avance en la reducción de delitos con violencia y el número de personas que están en la cárcel sin sentencia. Mejoras, qué bueno, pero marginales considerando el grave problema que representan.
Por el contrario, crecieron los crímenes de delincuencia organizada, los homicidios y los delitos cometidos con arma de fuego. La conjugación de estos indicadores que componen el índice hacen que no extrañe el resultado: en 2018, por tercer año consecutivo, el nivel de paz se deterioró, esta vez casi un 5%.
Otro de los interesantes datos que arroja este estudio es el impacto económico de la violencia, el cual se elevó un 10%, alcanzando los 5.16 billones de pesos (US$268 mil millones), lo que equivale al 24% de nuestro Producto Interno Bruto.
Dicho de otra manera, el impacto de la violencia por persona fue de 41,181 pesos. Más de cinco veces el salario mensual promedio de un trabajador mexicano. Si al menos comprendiéramos que la paz es ¡hasta económicamente redituable!
De acuerdo con el Índice de Paz México, nuevamente Yucatán fue el lugar más pacífico de México, seguido por Campeche, Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo. Sin embargo, no hay que olvidar que el año pasado estos cinco estados registraron un incremento en sus tasas de homicidios.
Baja California se ubicó como el sitio menos pacífico de México por primera vez en 2018, seguido de Guerrero, Colima, Quintana Roo y Chihuahua.
La ubicación de estas entidades federativas nos advierte que la violencia no es un tema regional. Hay focos rojos en el norte, en el centro y en el sur.
Dos comentarios finales. El informe que hemos referido señala como uno de sus principales hallazgos que, ante la escalada de violencia, el gobierno ha invertido en el sistema judicial menos de lo que se requiere. Comparado con otros países de la OCDE, el porcentaje del PIB que nosotros destinamos a las tareas de seguridad y justicia es aproximadamente la mitad del que ellos utilizan.
Por otro lado, el viernes pasado ─durante la conferencia de prensa “mañanera” del Presidente López Obrador─ hubo diferencias con el periodista Jorge Ramos por las cifras de inseguridad. Al respecto, creo que la guerra no es contra las cifras, sino contra el problema social que representan. Además, creo que hemos padecido lo suficiente como para comprender el valor de organismos generadores de información estadística independientes de la administración pública en turno. Ya sabemos los riesgos que implica ser juez y parte.
TFA