La madrugada del sábado pasado, Nicolás Bautista Arellano, policía adscrito al sector La Noria, en la alcaldía Xochimilco, murió luego de que un conductor lo embistiera para escapar del alcoholímetro.
Su muerte se suma a la de 50 oficiales más que han perdido la vida en cumplimiento de su deber durante los últimos cinco años; 17 de ellos en un acto heroico, es decir, durante una intervención directa de alto riesgo en un hecho criminal.
Nicolás no tuvo correctivos disciplinarios, faltas o inasistencias en su carrera de 16 años. Tampoco estaba en una intervención de alto riesgo. Perdió la vida durante su servicio por una irresponsabilidad deleznable.
Los policías son la primera y más cotidiana representación de la autoridad, pero también son parte de la ciudadanía. Son padres, madres, hijas e hijos.
Sin embargo, el homicidio de Nicolás no se volvió tendencia en las redes ni ameritó pronunciamientos por parte de la sociedad civil o primeras planas en los medios de comunicación.
¿Indolencia, indiferencia? ¿O simplemente no consideramos a los policías como nosotros, como ciudadanos?
Es tiempo de repensar nuestro actuar. Tenemos derecho a exigir seguridad, respeto y justicia. El respeto, categoría fundamental en la interacción entre mexicanos según las más añejas encuestas que colocaban esa dimensión en un primer lugar, nos los debe la autoridad como nosotros a cualquiera de sus representantes.
Tenemos que aprender a respetar las leyes, y sí, a la Policía. El domingo, en la misma ceremonia en la que se reconoció al policía del mes, se guardó un minuto de silencio en memoria de Bautista Arellano. Ese silencio es una condena tácita que debe llegar hasta una condena penal para el responsable.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, prometió a la viuda del agente agotar esfuerzos para dar con el culpable.
Este lamentable caso evidencia la necesidad de recuperar el pleno vigor del alcoholímetro, un sistema de control de la vialidad no solamente para evitar accidentes cuando se maneja afectado por algún licor, sino también para identificar diversos tipos de flujos ilegales que ocurren por las noches en toda la capital del país.
Las capacidades institucionales son puestas a prueba, las disposiciones comprobables a favor de la eficiencia y del cumplimiento de compromisos. Del lado de los presuntos responsables, ellos tienen a su favor beneficiarse de una larga historia de impunidad.
El Estado Mexicano y el Gobierno de la capital nacional están en oportunidad de interrumpir esa anacrónica indisposición o inhabilidad de castigar a responsables de crímenes dolosos que ahora han afectado, una vez más, a la Policía y también a valores de orden y de representación de una estrategia de seguridad que ha comenzado.
Importa a la familia de Nicolás, interesa a toda la SSC, es de relevancia para el proyecto de reconstitución integral del Estado de Derecho que asociamos con el cambio registrado en julio pasado.
@guerrerochipres