Suponemos que el presidente López Obrador decidió emitir su “memorándum’’, oficio o lo que fuere, para “anular’’ la reforma educativa de Peña Nieto, sin consultar a su consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra.

Porque de otra manera no se entendería cómo es que el Jefe del Ejecutivo recurre a un documento –y maniobra- a todas luces inconstitucional para tratar de resolver de un plumazo –de ganso- lo que no pueden destrabar sus aliados en el Congreso.

Para dar luz a la inconstitucionalidad de la orden presidencial, habrá que citar lo que el ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, escribió en redes sociales.

El documento es “fácilmente impugnable porque carece de fundamentación y motivación, pues no cita ninguna norma jurídica para sustentarlo’’.

Es decir, López Obrador “olvidó’’ citar las leyes desde las cuales puede tirar leyes plasmadas en la Constitución a su capricho.

¿Cómo se explica que un Presidente desconozca principios básicos de derecho?

Y si lo hiciera, para eso tiene a su consejero jurídico, que debió advertirle de las consecuencias en pro y en contra de una medida como la que tomó.
Si el consejero fue consultado, mal; pero si no lo fue, ¡peor!

O fue eso o la reiteración de lo que muchos de los miembros del gabinete platican en secreto, que nadie del equipo le puede decir no a López Obrador.
¿Se atreverá la Corte?

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Un comisionado más, Guillermo Zúñiga, renunció a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Aunque el ex funcionario no dio a conocer las razones de su dimisión, resulta claro que no se sentía a gusto con los nuevos comisionados enviados directamente de la oficina de López Obrador a la CRE.

Zúñiga es un servidor altamente preparado, pero sería minoría ante la mayoría que está construyendo Morena en la CRE para hacerse cargo del control de las decisiones de este ente presuntamente autónomo.

Uno más.
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Muy cuestionados han sido los resultados de la Policía de la capital del país, a pesar del regreso a la división de zonas por cuadrantes.

Quizá es poco tiempo para una evaluación más certera, pero en temas de seguridad, la ciudadanía no está ni para plazos ni para contemplaciones.

Los delitos con alto impacto social siguen cometiéndose con mayor frecuencia.

Balaceras como las registradas en Tláhuac e Iztapalapa la noche del lunes en las que murieron cinco personas ya van siendo cosa de todos los días.
Y a ver ahora cómo le irá a la Policía de la capital después del descanso de Semana Santa, temporada en la que ya sabemos se multiplican exponencialmente los robos a casas y departamentos.

A ver qué explicación ofrece Claudia Sheinbaum.

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Dicen que justicia tardía es injusticia.

Pero en México también decimos que “más vale tarde que nunca’’, por lo que debe de valorarse que ¡14 años después! de haber sido detenida y torturada física y mentalmente, la periodista Lydia Cacho obtuvo un triunfo jurídico.

Un juez federal ordenó la detención del ex gobernador Mario Marín, del empresario Kamel Nacif y de los policías Hugo Adolfo Karam y Juan Sánchez Moreno.

Cacho fue detenida en 2005, y 14 años después los perpetradores de la violación a sus derechos humanos por fin enfrentarán la justicia.

LEG