A cada paso la administración pública encuentra evidencias de corrupción. Cada dependencia del gobierno tiene su parte de lodo. Donde no surgen aviadores, hay desabasto hasta de papelería, o simplemente dejaron sin equipo las oficinas.

Pero estos datos son simples anécdotas si comparamos el daño económico que los anteriores gobiernos dejaron en toda la administración pública, donde no hubo entrada de dinero que no estuviera desviada o por lo menos jineteada por los funcionarios públicos que ahora se dicen constructores de las instituciones.

Así como sucedió en su momento en el llamado “accidente” en la Torre de Pemex, al quemarse expedientes que mostraban algunos desvíos y pruebas de funcionarios corruptos han desaparecido otras pruebas. Hace días, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dijo que se ha reportado el extravío de expedientes “políticamente importantes” y sujetos a investigación por parte de la dependencia que encabeza, por lo que ya se están haciendo las indagatorias para recuperar dichas carpetas.

El domingo pasado el presidente López Obrador, señaló nuevamente: “Vamos a mejorar todo lo que está sucediendo porque nos entregaron un país en crisis. Un cochinero”.

Casos muy sonados donde la evidencia es clara como Odebrecht o el de OHL, no tiene detenidos. Hay investigaciones, prácticamente con evidencia, denuncias públicas, noticias que inculpan a funcionarios de los regímenes anteriores que nadie desmiente, pero la justicia en México muestra una pasividad que corre el riesgo de convertirse en complicidad.

Un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos asociados a más de 100 proyectos en 12 países, entre ellos, México. Así estalló un escándalo internacional por la magnitud de las cifras.

Las investigaciones están relacionadas al esquema que involucra a la empresa de Marcelo Odebrecht, quien se encuentra en prisión domiciliaria desde hace más de dos años.

En México, en octubre de 2017, el entonces titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes, dijo que la investigación del caso Odebrecht estaba concluida, pero hasta el momento no se ha ejercido acción penal contra ningún funcionario de Pemex.

En Perú, el expresidente Alan García se disparó en la cabeza para evitar su arresto por un delito de corrupción relacionado con el caso Odebrecht, que investiga actos que tuvieron lugar durante su segundo mandato. Se dijo inocente.

Sin embargo, la estela de fraudes y corruptelas que deja a su paso esta empresa brasileña no exenta a los funcionarios mexicanos, donde reiteradamente aparece la figura del Emilio Lozoya.

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y muchos de sus miembros del gabinete operaron también las transacciones para hacer posibles los sobornos en México con la empresa.

Veracruz, señaló una fuente, es la clave para que se destape el escándalo mayor en este caso, debido a que gente cercana y amigos personales de Duarte de Ochoa trataron de cerca a los funcionarios de Odebrecht.

“Ahí está muy claro. Hay empresas fantasma en Veracruz que sirvieron de puente para hacer llegar ese dinero a los funcionarios federales. No las investigan ampliamente porque no lo quieren.

“Cómo confiar y compartir información con la gente que está al frente en México de la procuración de justicia, si todos son una misma familia. El Procurador es primo-hermano del exconsejero jurídico del Presidente”, se señaló en su momento. Así hablaban en Brasil de los funcionarios mexicanos del pasado.

Al menos 14 funcionarios del gobierno federal y del gobierno de Veracruz entre 2010 y 2016, están involucrados en el tema de los sobornos, confirmó la fuente.

Contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, a quien señalaron de recibir 10 millones de dólares a cambio de su apoyo para obtener contratos de obra pública, las pesquisas en México parecen no avanzar.

Un alto funcionario de la justicia brasileña dijo, bajo condición de permanecer en el anonimato por el periodo de la investigación, que lo que todos en México piensan de sus autoridades acá en Brasil es cierto.

“Tenemos información que involucra a funcionarios de primer nivel de México, que evidentemente no podemos compartirles. Hacerlo significaría perder nuestra ventaja técnica y táctica”.

“No entendemos cómo un hombre tan cercano al presidente de México, como es el Procurador, podría investigar a su equipo de gente cercana. Los hechos hablan por sí solos. Pregunten en qué estado se encuentran las investigaciones, por ejemplo, con Lozoya”, cuestionó el funcionario.

Pero el asunto de Odebrecht es sólo parte de la gama de delitos de cuello blanco que se cometieron durante la administración pública en los tres niveles de gobierno. Debe investigarse, y, sobre todo, castigarse.

Ya fue tiempo suficiente para exhibir a los funcionarios públicos culpables de corrupción, ahora es tiempo de sanciones ejemplares donde pueda verse a los exgobernadores en la cárcel. Porque en muchos casos de ilícitos en los gobiernos de los estados están ligados directamente a complicidades en niveles superiores, lo que quiere decir que, por lo menos, secretarios de Estado están involucrados en actos que deben ser objeto de penalización.

No debe quedar un solo asunto relacionado con la corrupción sin castigo, y no debemos conformarnos los mexicanos con muchos años de cárcel a los culpables sino, lo más importante, que regresen el dinero que ilícitamente se llevaron a sus bolsillos. PEGA Y CORRE. – El fraude electoral es un delito que debe erradicarse, significa una práctica ilícita del pasado. Ante esta realidad el fiscal Especializado en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, comparó los delitos de fraude electoral como una forma de conspiración con un factor central que organiza y que orquesta… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

 

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