Activistas y personas con orientación sexual diversa solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), la emisión de una recomendación dirigida al Congreso de Yucatán, ante el rechazo de la iniciativa del matrimonio igualitario en esta entidad.
Los interesados llegaron hasta el edificio de la Comisión para hacer la solicitud, pues reprueban la actitud de los legisladores yucatecos, quienes no respetaron los derechos humanos de las personas que resultarían beneficiadas con la emisión de la respectiva ley, por lo que nuevamente son vulnerados.
La representante estatal del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Adelaida Salas Salazar, reprobó la postura de los diputados locales, quienes en un principio se manifestaron comprometidos pero al final, en voto secreto, se canceló la iniciativa.
“Pedimos la intervención de la Codhey por la actuación de diputados y diputadas respecto del matrimonio igualitario”, expresó durante la conferencia de prensa que presidió en la puerta de dicha instancia.
La especialista y activista Ligia Vera Gamboa explicó que “se entregó un oficio donde se le solicita Comisión emitir las recomendaciones respectivas ante las instancias que vulneren los derechos humanos.
En este caso se trata del Congreso del estado y su rechazo a la iniciativa del matrimonio igualitario, una iniciativa que tuvo que esperar ocho años para ser por fin analizada y que lamentablemente terminó siendo rechazada, precisó.
De igual modo, reprobó lo ocurrido en la sesión ordinaria del Congreso del estado, efectuada el pasado miércoles 10, donde se dio un revés a las personas con orientación sexual diversa que buscan poder enlazarse por la vía civil en el estado.
Durante el evento, con 15 votos en contra y nueve a favor, emitidos mediante cédula (de manera secreta) por acuerdo de la Mesa Directiva, no fue aprobado el dictamen para modificar la Constitución Política del Estado, en materia de Matrimonio Igualitario.
Al no contar con las dos terceras partes del pleno de la LXII Legislatura, es decir, 17 sufragios, las modificaciones que permitirían a personas del mismo sexo casarse en esta entidad, sucumbieron.
Ambas activistas consideraron la postura legislativa como un abierto rechazo y desacato a la recomendación emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Esas recomendaciones señalan claramente que el negar que dos personas del mismo sexo puedan casarse por lo civil, es discriminatorio y vulnera sus derechos humanos.
El documento entregado a la Comisión de Derechos Humanos de esta entidad está firmado por la titular de Ciencia Social Alternativa, Nancy Walker Olvera; la académica Gina Villagómez Valdés; Hervé España, y Alejandro Orué, entre otros representantes de organismos civiles.
jhs