De la concepción peñista de la corrupción como “asunto cultural”, a la obradorista de la corrupción como “fruto podrido del pasado”. Bajo estas líneas discursivas oscilamos para enfrentar el fenómeno de las violaciones sistemáticas al marco legal -a menor y mayor escala- mediante el cual se amasan fortunas ilícitamente en México con impactos negativos de hasta un 10 por ciento del PIB.
Para el presidente Andrés Manuel López Obrador la batalla contra la corrupción depende, sobre todo, de la voluntad presidencial y es garantizada por sus principios capitales expresados continuamente de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, siempre tutelados por el ánimo de la justicia, no venganza.
Aunque no bastan las palabras para garantizar que la corrupción no sea también tiempo presente. “Abajo aún hay malandrines”, admitió en febrero pasado el propio AMLO. Tampoco debe olvidarse que al tomar protesta reiteró que no establece relaciones cómplices y que sólo responde por su hijo menor de edad.
Pero una cosa es prevenir la corrupción y otra castigarla. En ambos casos es fundamental el papel de la Secretaría de la Función Pública reducida en administraciones pasadas a un parapeto de los gobernantes en turno.
Cabe recordar el célebre caso de la “Casa Blanca”, en el que su entonces secretario, Virgilio Andrade, empequeñecido en su labor y asumido en su papel de empleado presidencial, cerró el escándalo tan pronto como pudo.
Por ahora, la nueva titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, delinea ya los controles para las dependencias federales y da señales de no reducir su papel a una presencia testimonial. Por lo pronto ordenó el pasado 26 de abril que ninguna dependencia gubernamental, federal ni estatal, pueda celebrar contratos con la corruptora empresa Odebrecht Ingeniería y sus filiales. La inhabilitación va por tres años.
Además bajo la lógica de revelar lo opaco, Sandoval Ballesteros, puso en operación desde el 15 de abril el Portal de Nómina Transparente donde están expuestos los salarios de más de 1.4 millones de burócratas del país.
Son los primeros pasos de la que será por definición una larga cruzada y en la que no bastará con que el gobierno contenga, señale e indague sino que por igual el Poder Judicial haga su parte: juzgue y sentencie.
Vale la pena mirar a Sudamérica, a Perú o Brasil, donde se investigan y en su caso se someten a la justicia a funcionarios de primer nivel, incluyendo expresidentes.
Por cierto, el pasado domingo 21 de marzo era la fecha planteada para lanzar la consulta pública sobre la pertinencia de juzgar o no a los expresidentes de México pero que fue suspendida en tanto no se apruebe la reforma al artículo 35 constitucional para que estos mecanismos sean vinculantes.
“Arriba ya empezó la limpia; cero corrupción y cero impunidad, para eso votó la gente”, recordó el pasado 2 de febrero López Obrador ante los veracruzanos. Debieron tomar nota también todos sus colaboradores.