El Gobierno de la República presentó el catálogo de 72 aeronaves susceptibles de venta, que pertenecían a distintas dependencias federales como la propia Presidencia, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México, la Fiscalía General, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Comisión Nacional del Agua, la Policía Federal y Petróleos Mexicanos.
El Ejecutivo Federal instruyó identificar todas las aeronaves cuyo uso estuviera dedicado a la transportación ejecutiva de servidores públicos, que no cumplieran funciones directamente relacionadas con los programas y acciones de las dependencias, y que no tuvieran una función clara en beneficio de la ciudadanía.
Y aquellas que por sus características no estuvieran en servicio y generaran gastos derivados del resguardo, mantenimiento y operación.
Ante ello, y tras realizar un “diagnóstico exhaustivo de las 263 aeronaves (148 aviones y 115 helicópteros), de la Administración Pública Federal” se identificó que 72 son susceptibles de enajenación (30 aviones o avionetas y 42 helicópteros).
Ante ello, se atienden “los principios de responsabilidad y uso eficiente de los recursos públicos” que promueve la Presidencia.
LEG