Comprometerse a dar resultados contra la inseguridad en seis meses es una promesa difícil de cumplir para el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo si pretende hacerlo solo con la implementación de los programas sociales de su gobierno, una Guardia Nacional que sigue siendo cuestionada y declaraciones mañaneras que ordenan terminar con la corrupción.

Ante el incremento histórico de los niveles de violencia que se registraron en los primeros meses de este año, el presidente de la República se aventuró a fijar un plazo de 180 días para frenar los delitos que van al alza y que pronostican que 2019 será el peor año en materia de seguridad en la historia del país.

Pocos días después el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, matizó la declaración de su jefe y aclaró que será en tres años cuando se perciban niveles razonables de tranquilidad para entregar la administración, en 2024, con un país estable y en paz.

Pareciera que al ciudadano de a pie se le puede prometer una y otra vez seguridad, tranquilidad, protección de su patrimonio y de la integridad física de toda su familia sin importar entregar resultados en las fechas señaladas ni consecuencias por la falta de estos.

De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano el primer trimestre de este año comparado con el mismo periodo de 2018, las víctimas de homicidio doloso y feminicidio crecieron 8.75%; las de secuestro 35.29%; las de extorsión 43.15%; las de trata de personas 33.01%; los casos de narcomenudeo 12.53%; las violaciones 23.29%; los robos con violencia 3.53%; los robos a negocios 9.93% y los robos a transeúntes 13.52%.

Sin embargo, López Obrador sostuvo que en seis meses cuando ya estén operando todos sus programas sociales, la inseguridad va a ir mejorando considerablemente. Las preguntas obligadas son que, si con la entrega de recursos directamente a las personas disminuirá la delincuencia, si la Guardia Nacional, que no es otra cosa que los mismos militares y policía federal, pero con un brazalete con las siglas de GN, inhibirá la comisión de delitos, y si podrá erradicar la corrupción en todos los niveles de gobierno con decretos o memorándums.

En ese contexto, Alfonso Durazo aclaró que el gobierno de López Obrador no es responsable de la inseguridad que vive el país, pero sí de regresar la paz y la tranquilidad a los mexicanos, y fue más allá al asegurar que lo van a hacer “sin regateos”.

Contrario a lo que el mismo presidente hace todos los días, de responsabilizar a las pasadas administraciones por los elevados índices de violencia que heredaron, Durazo aseguró que cuentan con muchos elementos para cuestionar a otros gobiernos, pero dijo que no lo van a poner hacer. “No porque no haya argumentos, sino porque no está en nuestro ánimo echarnos la bolita unos a otros”.

Lo cierto es que inició la cuenta regresiva para octubre. La opinión pública, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos nacionales e internacionales, pero, sobre todo, los otros 30 millones de mexicanos que no votaron por López Obrador, estarán atentos para ver los resultados prometidos, para percibir una mejora considerable en la seguridad y para ver las investigaciones o procesos penales contra los responsables de los actos de corrupción en todos los niveles.