Diversos colectivos de la comunidad LGBTTTI en esta entidad solicitaron al Tribunal Superior de Justicia del estado una demanda de acción contra el Congreso local, por omisión legislativa o normativa por negar el derecho a las parejas del mismo sexo a unirse legalmente.
Según los demandantes, en los que se encuentran también académicos y defensores de los derechos humanos, la acción de omisión legislativa está regulada por la Constitución Política del Estado de Yucatán.
También la contempla la Ley de Justicia Institucional del Estado de Yucatán y tiene por objeto mantener el orden constitucional en el estado y puede ser promovida por cualquier ciudadano yucateco en pleno uso de sus facultades y derechos.
A nombre de los promotores de esta demanda la académica Ligia Vera Gamboa, señaló en entrevista con medios de comunicación, que se trata de una más de las estrategias que esos colectivos decidieron emprender contra la omisión legislativa del Congreso yucateco que viola los derechos humanos de las personas con orientación sexual diferente.
“Con el rechazo a la reforma que permitiría a las personas de mismo sexo casarse por la vía civil, los diputados yucatecos insisten en un modelo legal actualmente obsoleto y de discriminación institucionalizada en contrasentido de la historia del estado y de los avances logrados en otras entidades del país”, explicó.
Ahora, continuó, los magistrados de ese Tribunal tendrían la última palabra para reconocer los derechos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) de esta entidad en relación con el concubinato y el matrimonio en el orden jurídico y judicial.
EL pasado 10 de abril con 15 votos a favor y nueve en contra, la actual legislatura del Congreso votó en contra de la reforma que permitiría legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en Yucatán, propuesta que llevaba mas de ocho años en espera de ser analizada y sometida a votación.
El voto fue secreto, es decir ningún diputado yucateco expuso en tribuna los motivos para avalar o rechazar la reforma, por lo que ahora la lucha es para que la iniciativa regrese a ser analizada y votada sin el uso del sufragio secreto.
Los demandantes fueron acompañados por la diputada local de Movimiento Ciudadano, Milagros Romero Bastarrachea, quien declaró a los medios que la iniciativa a favor del matrimonio igualitario aún puede “returnarse” al Congreso para ser analizada y votada nuevamente y la idea es que regrese y sea analizada nuevamente en la actual legislatura.
“En caso de que en esta segunda oportunidad y a través del voto abierto, sea votada en contra entonces se desecharía ahora sí por lo menos en la actual legislatura, pero también sabemos que existe la intención de algunas de las fuerzas políticas del Congreso de que ya sea desechada por completo y no sea analizada de nuevo, lo cual sería un grave error”, consideró.
Mientras tanto, esos y otros colectivos también siguen juntando firmas para presionar a jueces federales, magistrados y los actores políticos de la entidad a que Yucatán acate la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que el negar el matrimonio civil a la personas del mismo sexo, es un acto discriminatorio que atenta contra sus garantías individuales.
CS