Al quejarse de un trato discriminatorio del gobierno federal y de las autoridades de la UAM, los trabajadores académicos y administrativos de esa institución responsabilizaron a la rectoría de orquestar una campaña de odio que lleve a la destrucción del sindicato y que se ha traducido en amenazas de muerte contra los dirigentes y personal sindicalizado.
En conferencia de prensa, el sindicato sostuvo que ni con la manipulación y la marcha del jueves pasado, la rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ha alcanzado la total legitimidad en su afán por golpear al gremio.
Marcos Gómez Solórzano, integrante de la Comisión Redactora, estableció que el rector general Eduardo Peñalosa Castro mostró su verdadera cara con un discurso de odio y desprecio hacia los sindicalizados.
Por ello, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) responsabilizó a las autoridades de la casa de estudios de cualquier agresión que puedan sufrir los trabajadores.
Adelantó que el SITUAM propondrá que el próximo jueves se retomen las negociaciones con la base de discutir el tema en materia de trabajo, obras a precio alzado, el aumento salarial y la retabulación, el pago de 100% de salarios caídos y adoptar un proyecto de mejora salarial.
En cuanto a las amenazas, dijo, se estudian las alternativas de promover una demanda colectiva o que se haga de manera individual, pues según él, a 88 días de la huelga, las autoridades no han hecho un ofrecimiento para solucionarla, sólo han desplegado una campaña de odio contra trabajadores, académicos y administrativos de la UAM, entre las que se incluyen boletines de prensa, comunicados, entrevistas y manifestaciones.
El caso más alarmante es la declaración del rector general en la marcha del 25 de abril pasado donde textualmente declaró: “El enemigo está, pero es muy difícil de identificarlo, en el SITUAM”.
A su parecer, resulta evidente que las autoridades utilizaron todos sus recursos para promover una movilización en la que pretendieron generar una legitimidad mediática que no han logrado construir con propuestas efectivas.
Consideró que los discursos de odio y desprecio que promueve la Rectoría General hacia sus trabajadores son inaceptables. Esta actitud contraria a los valores universitarios, alertó, cancela la posibilidad de diálogo y la construcción de acuerdos y pone de manifiesto su falta de voluntad y capacidad para negociar.
Indicó que la actitud del rector general dista mucho de su responsabilidad para preservar las condiciones de entendimiento respetuoso entre toda la comunidad universitaria.
“Esta campaña de odio ha llegado al extremo de manifestarse por medio de amenazas de muerte en contra de trabajadores y hasta el secretario general del sindicato. Responsabilizamos al rector general, al secretario general, al abogado general y a todos los funcionarios de la UAM, de cualquier agresión o acto que atente contra la integridad de cualquier trabajadora o trabajador, académico y administrativo de base, aliado al sindicato.
Para Gómez Solórzano, las autoridades federales y locales no sólo son omisas, sino que actúan claramente contra los derechos de los trabajadores.
De acuerdo con el representante gremial, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, ha expresado reiteradamente que el SITUAM “ha ganado mucho” cuando en realidad las autoridades no han cambiado en nada su propuesta económica inicial; además de que los conciliadores de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje han sido parciales a favor de las autoridades en las mesas de negociación.
Además, prosiguió, las secretaría de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público han hecho oídos sordos de las peticiones del gremio para que, sin violentar la autonomía universitaria, ayuden en la solución del conflicto.
Señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha prestado poca atención a la huelga, no obstante que desde el día 9 de abril se le solicitó por escrito una audiencia, dicha petición fue remitida al subcoordinador de conciliación “A” de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
El caso más grave es la injerencia directa mediante el exhorto del Congreso de la Ciudad de México, que llamó a realizar una consulta con la intención de levantar la huelga legalmente declarada, lo que violenta los derechos constitucionales de los trabajadores, la libertad sindical y la autonomía universitaria, lo cual es inaceptable, puntualizó.
LEG