Hasta las dos de la tarde del pasado martes, la oposición en el Senado daba por descontada la aprobación de la contrarreforma educativa, no tan por convicción, sino por un acuerdo político al que había llegado con la fracción de Morena.

El acuerdo consistía en que el grupo mayoritario se comprometía a incluir en la exposición de motivos –no en el articulado de la ley- algunas reservas y observaciones de la oposición.

Se acordó, entre los coordinadores parlamentarios, que fuera en la exposición de motivos y no en el articulado porque de esta manera no tendría que regresarse a la Cámara de Diputados, explicó Miguel Ángel Mancera.
Durante la discusión en lo general, la oposición votó a favor, sin objeciones.

El problema vino a la hora de la discusión en lo particular, en donde de plano la mayoría de Morena ignoró el acuerdo previo.

La votación entonces fue en contra, principalmente por la resistencia de los senadores de Morena en clarificar el artículo 16 transitorio que para los panistas, principalmente, dejaba abierta la posibilidad de que el sindicato regresara al esquema de la venta de plazas.

Y, como cualquier jugador de futbol mexicano que se tira para ganar tiempo, el presidente del Senado, Martí Batres, prolongó casi al doble el tiempo de la votación esperando que se presentara por lo menos alguno de sus legisladores para aprobar la reforma en lo general.

No ocurrió, y Martí tuvo que asumir su derrota.

La minuta regresó a San Lázaro en donde deberán corregirse los artículos que no fueron aprobados en el Senado, aunque Mario Delgado ya dijo que su bancada no le moverá ni una coma.

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Por cierto, la oposición aprobó la reforma laboral por dos razones: la primera fue una petición de Morena para que se cumpliera con el requisito que el Gobierno mexicano firmó con Estados Unidos y Canadá de tratar de homologar las legislaciones laborales.

La segunda fue el compromiso de los senadores de Morena de convocar a un parlamento abierto, se supone que a la voz de ya, para corregir algunas deficiencias que tiene la legislación laboral aprobada.

Entre ellas el llamado outsourcing, la libertad de los trabajadores de afiliarse o no a un sindicato y un tema que es fundamental en los juicios laborales, la descarga de la prueba.

La nueva legislación deja en el patrón la responsabilidad de la carga de la prueba, así haya sido reinstalado el trabajador.

Es decir, ahora basta con que el trabajador se presente a juicio diciendo que fue despedido para que el patrón demuestre que no fue así.

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Y ya que estamos en temas laborales, para muchos pasó de noche la reforma que hicieron los diputados al apartado B del artículo 123 constitucional, que rige las relaciones laborales de los trabajadores al servicio del Estado.

Es una reforma importante, pero entre lo destacado es que basta que 20 trabajadores de cualquier secretaría se junten para formar un sindicato con el fin de que sea reconocido por la autoridad.

El golpe va dirigido desde luego a terminar con el cacicazgo de Joel Ayala Almeida, eterno líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

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Ulises Ruiz deberá estar muy preocupado no porque no va a ganar la presidencia del PRI, sino porque los actos de represión que ordenó contra la APPO, en Oaxaca, en 2006, serán llevados a la Corte Internacional de La Haya.

Al menos eso advirtió el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, Arturo Peimbert.
Y ya sabemos que en La Haya se tardan, pero no olvidan.