Llegó el día y se tocó fondo, ya no puede irse más abajo.

Como es fácil imaginar, no se viene nada bueno; quedarse callados no es la opción. Saben y padecen manipulaciones que dañan su credibilidad, de por sí afectada.

El tiempo corre, la noticia se compartió.

Dueños y socios de verificentros en el Edomex dicen que la ruta de la mentira es simple, pero no efectiva. Aseguran que el factor humano es determinante y las pruebas delatan:

“La Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental solicita a la PROPAEM instruya visita de inspección a los diferentes proyectos; nuestras autorizaciones están vigentes y otras no requieren de autorización de impacto o, bien, son de competencia federal. La PROPAEM las pasa por alto y somos clausurados arbitrariamente”.

Para los empresarios son acciones manipuladas y perjudiciales.

“En la diligencia el jefe de Quejas y Denuncias informa que debemos ver al subprocurador y en la cita, de entrada, nos dicen que somos acreedores a una multa de un millón de pesos sin haber iniciado algún procedimiento y violando nuestro derecho de garantía de audiencia, no muestran una resolución y menos la valoración de nuestras pruebas; por lo tanto, no contamos con la autorización en materia de impacto ambiental, y si estamos de acuerdo en pagar, se habla con el procurador para retirar sellos de clausura”.

Lo que debe ser un simple encuentro se convierte en un duro golpe de consecuencias memorables.

“El subprocurador, que recibe el dinero, extiende un recibo por la cantidad que marca el procurador, con una rebaja en la multa de un millón de pesos y nos extienden línea de captura por diez mil pesos; entregada la diferencia contactamos, al número que nos dan, de un despacho jurídico que se presenta para retirar los sellos”.

El tiempo ahora cuesta más.

“También se debe pagar a la Dirección de Evaluación e Impacto Ambiental entre 150 mil y 300 mil pesos que nos exigen por entregar nuestros oficios”.

Se dice que todo fin de Gobierno tiene algo de impostura, lo mismo que cualquier inicio de administración.

“Se le otorga autorización a 22 verificentros nuevos por diez años, con una licitación fantasma en 2016, dándoles un año para abrir, pero no abrieron, traspasado el sexenio la nueva administración, con prórrogas, autorizó a ocho su apertura en marzo de 2019 a sólo unos metros de los clausurados”.
El Gobierno del Estado de México debe estar pendiente.

No es una opción, es una obligación verificar qué hacen la Secretaría del Medio Ambiente, la Dirección General de Control de la Contaminación Atmosférica y la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental.

Los dueños de verificentros están perfectamente conscientes de lo que pesa el silencio.

Si hace falta claridad, este reportero tiene nombres y teléfonos.

jfcastaneda9@hotmail.com