El resumen de consignas presentado como Plan Nacional de Desarrollo para lo que resta del sexenio no correspondió a las expectativas que se habían generado con el cambio de modelo político.
De entrada, el índice de temas parece más bien el libro de adoctrinamiento de Morena.
Salvo las metas inalcanzables, en el entorno actual, de crecimiento económico (6% al final del sexenio) y la reducción a 50% de los crímenes de alto impacto, no hay cifras programadas de inversión, ni federal ni particular.
Ayer lo dijo claramente José Ángel Gurría que la economía nacional está estancada.
El secretario general de la OCDE, durante la presentación del Estudio Económico de México, informó del ajuste a la baja de la proyección de crecimiento para el país en este año y el siguiente.
Para este año, la OCDE ajustó la meta de crecimiento de 2 a 1.6% y para el siguiente de 2.3 a 2.0%.
Aun así y pese que en el Plan Nacional de Desarrollo no hay estrategias definidas para incentivar la inversión pública o privada, López Obrador aseguró en su conferencia mañanera que el país crecerá este año y los siguientes a 4%.
Seguro él tiene otros datos, pero hasta el momento ningún analista serio o institución dedicada al estudio de la economía concede la mínima posibilidad de alcanzar esa meta de crecimiento.
No en el escenario actual en el que la incertidumbre jurídica es la sombra que empaña la toma de decisiones.
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La procuradora de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, ofreció ayer una disculpa pública a la familia de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio, por las deficiencias de la PGJ en la investigación de su homicidio.
Justo dos años después del crimen, Godoy cumplió una recomendación hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Lo que no ha quedado claro es si Godoy está al tanto de que las responsables de emitir los tuits con los que se revictimizó a Lesvy siguen laborando en la procuraduría.
En la PGJ de la CDMX, la responsable de redactar los tuits, de nombre Maricela, que aún trabaja en el área de Comunicación Social, declaró que no los revisó porque su tarea sólo “era hacerlos’’, al igual que Cinthya N., su jefa directa y responsable de supervisar todo lo que se sube a las redes.
El día que se subieron a la red los tuits en lo que se daban a conocer datos de la investigación y personales de Lesvy (que tuvieron un costo político altísimo para el gobierno de la ciudad), Cinthya renunció y reconoció que había sido su error, pero su jefa no quiso aceptarle la renuncia creyendo que con la disculpa pública las cosas se calmarían.
Al final, los que pagaron los desatinos de ambas fueron sus jefes, el procurador Rodolfo Ríos, el jefe de Gobierno, Miguel Mancera, y los encargados de Comunicación Social de la PGJ de la CDMX.
¡Qué cosas!
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Si, como se espera, la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, los diputados tendrán que adecuar algunos aspectos de la recientemente aprobada Ley Federal de Austeridad Republicana.
El ministro ponente Alberto Pérez Dayán propone la invalidez de dicha ley con el argumento de que se violó el procedimiento legislativo.
La decisión que tome la Corte en este asunto –requiere ocho votos de 11 posibles para tirarla- pondría, en caso de ser favorable a los partidos de oposición, el primer gran golpe al Legislativo y desde luego al Ejecutivo, de quien salió la orden.