El Gobierno de la Ciudad de México informó que ha comenzado los trámites para retirarle un Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) para obras vehículares en la calle Real de Mayorazgo a la empresa Mítikah, a la que también busca imponerle una multa de hasta 50 millones de pesos, luego de que ésta derribó 54 árboles sin la autorización correspondiente.
En una conferencia de prensa conjunta, la secretaria de Medio Ambiente, Marina Robles; la titular de Desarrollo Urbano, Ileana Villalobos, y la subprocuradora de Ordenamiento Territorial, Leticia Quiñónes, informaron que el PATR fue otorgado el 26 de mayo de 2017, durante la administración del ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, con el objetivo de que el complejo Mítikah (que incluye varias torres de viviendas, oficinas y un centro comercial) contara con un paso a desnivel para el uso de vehículos y una “Plaza de Integración” en la calle de Real de Mayorazgo (donde fueron talados los árboles el sábado), desde Avenida Universidad, con una superficie a intervenir de más de cuatro mil metros cuadrados.
Dichas obras permitirían el acceso a estacionamientos de Mítikah, al patio de maniobras y al Centro Bancomer.
El permiso, otorgado por la Sedema, daba a Mítikah la autorización para trasplantar 47 árboles a otro sitio y derribar 80; sin embargo, ésta estaba condicionada a que la Secretaría de Movilidad diera su visto bueno, para que posteriormente la Sedema ratificara la autorización, lo cual no ocurrió.
“El permiso tiene causales para revocarlo (…), por lo que la Secretaría de Medio Ambiente solicitará la revocación del PATR para que todo lo relacionado a este documento quede sin efecto, toda vez que se hicieron acciones fuera o sin contar las autorizaciones”, aseguró Lilian Guigue Pérez, directora General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental.
También se informó que, luego del derribo ilegal de los árboles, la Sedema comenzó ayer los trámites correspondientes para la revocación del PATR.
Las autoridades informaron que la tarde del viernes, cuando se recibieron los primeros reportes de la tala ilegal por parte de vecinos, no se pudieron realizar las detenciones correspondientes, pues ya no se encontraban trabajadores de la empresa en el lugar.
Por ello, fue hasta el sábado en la mañana cuando se pudo detener en flagrancia a nueve empleados de la desarrolladora Mítikah.
Se hizo hincapié en que dichos empleados (quienes actualmente se encuentran en el Reclusorio por el ecocidio) son simples trabajadores de la empresa, quienes cumplían órdenes de la compañía; sin embargo, son el vínculo necesario para complementar la investigación que mantiene abierta la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina.
Cabe destacar que la multa de entre siete y 50 millones de pesos, así como la revocación del PATR, son independientes a la investigación que mantiene la Fiscalía Especial de Delitos Ambientales y Protección Urbana de la Procuraduría local.
Frase
“Una de las cosas que nos preocupan es que teníamos una mesa de diálogo con Mitikah (…), nos parece lamentable que hayan roto esta mesa de diálogo (…). La mesa la rompieron, nosotros tenemos que seguir ahorita el procedimiento que marca la ley y que puedan resarcir el daño”.
Marina Robles
Secretaria de Medio Ambiente local
LEG