La empresa francesa Aeropuertos de París (ADP) -un gigante que gestiona las principales plataformas aeroportuarias del país galo da empleo a casi 12 mil personas; el año pasado transportó a 105 millones de pasajeros y registró un volumen de negocios de más de cinco mil millones de dólares- atraviesa un período más que tormentoso.

Como se sabe, ADP, junto con NAVBLUE (sucursal de Airbus) se encargan del plan maestro para transformar el aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, en los suburbios de la CDMX. Al referirse al tema, los medios galos hablan de la complejidad de la obra, dado el terreno montañoso que rodea el espacio aéreo, difíciles condiciones climatológicas, con una larga estación de lluvias, nieblas prolongadas en invierno y exceso de luz.

Pero no por México, ADP y su filial Aéroports de Paris Management (ADPM), gestionadora de 25 aeropuertos en el mundo entero (la mitad de ellos en la República Mexicana), se encuentra en el ojo del huracán.

El verdadero detonante de una fuerte avalancha de críticas en la sociedad, principalmente en las filas de la oposición al presidente Emmanuel Macron, fue el proyecto de ley sobre la privatización de ADP, aprobada hace unas semanas por la Asamblea Nacional con 50 votos en contra y ocho abstenciones.

Las pasiones están al rojo vivo. No se trata de cualquier empresa; estamos frente a uno de los baluartes históricos y estratégicos del Estado francés, accionista mayoritario del grupo. En plena crisis, marcada por el movimiento de los “chalecos amarillos”, la iniciativa resulta difícil de digerir para amplios sectores de la sociedad que ven en ella la pérdida de la ya bastante menguada soberanía nacional, a la que habría que sumar grandes recortes del personal, sin olvidar los daños al medio ambiente.

“Es un error irremediable, una decisión dogmática y económicamente insensata”, denuncian los detractores del plan impulsado por Macron. Francia aún recuerda el fiasco económico en el que se convirtió la venta del aeropuerto de Toulouse (en el suroeste del país) a un inversor chino que hace poco anunció su deseo de tirar la toalla.

Por si no fuera suficiente, 250 parlamentarios buscan lanzar un referéndum para que los ciudadanos se pronuncien sobre este espinoso asunto. Además, anuncian que recurrirán al Consejo Constitucional con la intención de que éste frene la privatización de ADP.

No sería la primera vez que Aeropuertos de París tendría que rendir cuentas a los tribunales. Ya en el pasado, entre 2005 y 2017, su filial internacional ADPI, entró en una zona de fuertes turbulencias judiciales.

La Fiscalía Financiera Nacional de Francia lleva más de un año investigando posibles acciones fraudulentas del gigante aeroportuario galo.

Basándose en fuentes cercanas al expediente, la revista Marianne reveló que ADP pudo haber cometido actos de corrupción, recurrir a la emisión de facturas falsas, delitos de estafa, fraude fiscal, contrato ilegal de mano de obra en varios países donde opera, entre ellos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Libia e Irán. Sobre ADPI pesa la imputación de la supuesta violación del embargo sobre el programa nuclear iraní impuesto por la ONU hace más de una década.

México, donde también opera ADPI, no figura en la lista de los países en que la empresa gala podría haber incurrido en acciones sospechosas.
El gigante aeroportuario francés mantiene un silencio sepulcral sobre el tema. Cada vez que un medio de comunicación le pide a ADP una aclaración en torno al expediente, recibe como respuesta “no comments”.