CARACAS. El máximo tribunal de Venezuela acusó el martes a siete diputados de cometer los delitos de conspiración, rebelión y traición a la patria durante una movilización de la oposición que buscaba la salida del presidente Nicolás Maduro.
Horas más tarde, la oficialista Asamblea Nacional Constituyente removió la inmunidad de los legisladores y ordenó informar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la decisión.
En su fallo, el TSJ conminó además a la fiscalía general a seguir tramitando la causa penal contra los diputados en cortes ordinarias, tras considerar que cometieron delitos comunes.
La actuación de la constituyente y el TSJ se produjo una semana después que el líder opositor Juan Guaidó, acompañado por diputados, algunos militares con tanquetas y cientos de manifestantes, llamara a las fuerzas armadas a desconocer a Maduro.
El gobierno calificó la movilización frente a una base militar como un intento de golpe de Estado. Guaidó, también presidente de la Asamblea Nacional, solo logró el apoyo de unas decenas de soldados y la manifestación dio paso a dos días de violentas protestas en las que fallecieron cuatro personas y centenares quedaron heridas.
Luis Florido, Mariela Magallanes, José Calzadilla, Américo De Grazia, Richard Blanco, Henry Ramos y Edgar Zambrano, primer vicepresidente del congreso, son los diputados que perdieron su inmunidad parlamentaria el martes.
La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, calificó como “nulo de toda nulidad” el acto contra los legisladores tras pedir a la comunidad internacional a estar atentos, en un comunicado difundido la noche del martes.
“La tiranía echa a andar una nueva arremetida sin precedentes contra el único poder legítimamente constituido y electo por todos los venezolanos”, dijo la Asamblea Nacional en el texto, en el que señaló de “ilegítimo” al máximo tribunal del país.
El jefe de la constituyente, Diosdado Cabello, advirtió que otros tres legisladores serán involucrados en este mismo proceso en los próximos días.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, amenazó con aplicar sanciones contra 25 magistrados venezolanos, y anunció que se levantó una medida similar contra un exjefe de inteligencia de Venezuela que se distanció de Maduro.
Los magistrados acusan a los parlamentarios de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección y rebelión civil, entre otros delitos, sin precisar en su dictamen en qué momento los cometieron.
La semana pasada, el máximo tribunal ordenó detener al dirigente Leopoldo López, que había conseguido librarse del arresto domiciliario para acompañar a Guaidó el día del exhorto a los militares. López permanece junto con su esposa en la embajada de España de Venezuela.
El gobierno de Maduro y el fiscal general no han informado de detenciones a ningún militar tras la movilización de fines de abril.
Guaidó, quien invocó la Constitución en enero para proclamarse presidente encargado, ha sido reconocido por decenas de países, incluido Estados Unidos, que han dado la espalda a Maduro tras haber sido reelegido en unos cuestionados comicios el año pasado.
La constituyente, a petición del máximo tribunal, ya había aprobado en abril un enjuiciamiento contra Guaidó, acusándolo de promover acciones violentas en enero y estar detrás de apagones nacionales en marzo, así como por sus pedidos a la comunidad internacional que han causado el bloqueo de cuentas de la República.
CS