Los abogados defensores de la Miss Mónica García Villegas tendrán muchas dificultades para presentarla ante un juez como una maestra de ensueño.
Serán dificultades mayores a las que tienen para convencer a un segmento de la opinión pública de que “se entregó”.
Sería una peculiar manera de “entregarse” haciéndolo sin convocar a los medios de difusión o sin una temprana y oportuna intervención de los abogados para anunciar tal “inusitado” gesto, para utilizar el mismo adjetivo que su abogado principal dedicó a arrojar suspicacia sobre la recompensa de cinco millones de pesos ofrecidos por el gobierno capitalino para su captura.
A menos que se crea que para ganar alguna simpatía, de donde fuera posible, “entregarse” es hacerlo sin ganar espacios en los mismos medios de los cuales estos días la Miss Moni huye tapándose la cara; lo único que parece lógico pensar es que en realidad fue detenida después de que un familiar o una persona cercana decidió colaborar con la autoridad, con recompensa o sin ella.
Respecto de las preocupaciones centrales de sus defensores no puede ignorarse que puedan ser ligeramente aminoradas por las probabilidades ampliadas que dan a los presuntos responsables los diversos procedimientos regulados por la reforma penal que supuestamente concluyó en 2016.
No han sido pocos los delincuentes que han aprovechado la falta de pericia de las autoridades para asegurar todos los tramos del proceso penal y que han desembocado en el ensanchamiento de la “puerta revolvente” cuando no se ha demostrado apropiadamente la responsabilidad del imputado… o se ha fallado en un tramo del proceso y del intento para hacerlo, lo cual equivale a lo mismo.
En esta época hasta el más culpable tiene ventajas en el joven Sistema Penal Acusatorio que ha liberado más delincuentes que los que ha detenido.
Con todo, la determinación de la Procuraduría General de Justicia encabezada por Ernestina Godoy para fincar responsabilidades a Miss Moni por la muerte de 26 personas, entre ellas 19 niños del Colegio Rébsamen, anuncia una situación muy compleja para quien, según percepción pública registrada por los reporteros el 27 de septiembre de 2017, no necesariamente tiene entre sus virtudes la de la generosa solidaridad con el prójimo.
Por ejemplo, Arturo Ortiz Mayén, reportero de El Gráfico, como otros periodistas, consigna en la edición digital de la fecha que desde el martes posterior al sismo del 19 de septiembre se le observó recoger pertenencias personales, aun cuando todavía estaban por ser rescatados los cuerpos sin vida de una persona que ayudaba en la limpieza o antes de concluir la recuperación de los cuerpos de algunos alumnos.
Algunos rescatistas, referidos por Mayén, indicaron que se había llevado ropas, cuadernos, bolsas y artículos personales o que dijo que eran de ella. “Se sabe que buscó a vecinos para que le guardaran dinero en efectivo… Ese día negó ser la propietaria del lugar” -sacaba objetos en un carrito, según otras crónicas-. Negó ser la dueña, y sostuvo que era hija de aquella. Después se supo que ella era la heredera desde hacía tiempo de ese lugar.
Se supo desde entonces de un video de la PGJ en que se apreciaría su labor rescatando objetos, antes de concluido el rescate de los cuerpos.
¿Los abogados podrían demostrar que Miss Moni careció de responsabilidad? Difícilmente podrán acreditar la enseñanza de virtudes en situaciones de crisis que pueden atribuirse a una maestra.
@guerrerochipres