Con la aprobación de la adopción por parte de parejas del mismo sexo, en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales, Chile se suma a la veintena de países en el mundo que han legislado en esa materia. El 8 de mayo pasado, los diputados chilenos dieron un paso importante a una iniciativa que inició su ruta en el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) y ahora va camino a su segundo trámite ante el Senado de aquel país sudamericano.

El recorrido de esta histórica propuesta no ha estado exento de obstáculos por parte de los sectores más conservadores de la sociedad chilena, mismos que han anunciado que continuarán promoviendo su rechazo.

Esto me recuerda la actitud asumida por el presidente francés Valéry Giscard d’Estaing, allá por la década de los setenta en torno a otro tema de gran polémica, como es el derecho al aborto; siendo integrante de un partido conservador, declaró: “Yo soy católico, pero soy Presidente de la República de un Estado laico. No puedo imponer mis convicciones personales a mis ciudadanos”, y añadió: “Como católico estoy en contra del aborto; como Presidente de los franceses considero necesaria su despenalización”.

Gestos de esa naturaleza es lo que hacen estadista al hombre que antepone sus convicciones personales a las certezas de sus gobernados. Finalmente las creencias son cuestiones personales. Las leyes son asunto de todos. En el caso chileno sería honorable una actitud a la altura de las demandas de su sociedad.

El tema central en este debate es la no discriminación como certeramente lo ubican los promoventes de la iniciativa chilena cuando señalan que “la aprobación permite la adopción a familias, cualquiera que sea su composición; prohíbe la discriminación por orientación sexual o identidad de género y permite que parejas de igual o distinto sexo, estén o no unidas legalmente, puedan criar a un niño o una niña”.

Similar criterio manejó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en México cuando señaló: “No puede aceptarse la presunción acerca de que este tipo de adopción afecta el interés superior de los niños y niñas, pues los colocará en una situación de ‘desigualdad’ frente a otros menores que sí estén en una familia heterosexual y, además, serán objeto de discriminación social.

 

Como hemos señalado, existe actualmente una gran diversidad de familias, sobre todo monoparentales, por lo que sería tonto decir que todos los niños y niñas que crecen en familias distintas están en desventaja frente a los otros; además, es indiscutible que, en un Estado democrático de Derecho, el legislador debe buscar la eliminación de las diversas formas de discriminación e intolerancia que se presentan en la sociedad, lo cual se logra a través del reconocimiento y protección de todo tipo de familia que pueda existir, no de su “exclusión” o “negación”.

Como un tema de reconocimiento de derechos, comparto el criterio de la Suprema Corte y evidentemente lo aprobado por los diputados chilenos. Felicidades.