En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se repite el compromiso de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ya aprobada en el Senado: poner orden en las cárceles; sin duda, una extensión territorial de las plazas de operación del crimen organizado.

El compromiso es ambicioso:

–Recuperar el control de los penales ahora en poder de las mafias.

–Combatir la corrupción de las autoridades carcelarias.

–Establecer el respeto a los derechos de los internos.

–Implementar mecanismos de supervisión externa.

–Y dignificar las condiciones de alojamiento, salud y alimentación de los reclusos.

Sin un estudio serio, se puede calcular que la población carcelaria en México podría llegar a 250 mil reclusos. Y la vida en los penales se complicó desde 2006 con el encarcelamiento de miembros de los cárteles que tomaron enseguida el control carcelario, con la complicidad de los custodios.

El personal carcelario encargado del funcionamiento de las cárceles podría llegar a 30 mil, pero en malas condiciones salariales y de prestaciones y sin fuerza para imponer orden.

La estrategia de seguridad en las calles será imposible si no se pone orden antes o de manera simultánea en penales, porque el sistema carcelario no está diseñado para la educación-reinserción de delincuentes, y se basa en las malas condiciones de salubridad como parte del castigo adicional.

La “recuperación y dignificación de las cárceles” exige presupuestos que no se tienen, personal que no garantiza aplicación de la ley y nuevas cárceles con otro enfoque punitivo. Hasta donde se tienen datos, no existe un programa específico para atender la crisis de seguridad en los penales.

La Guardia Nacional y las decisiones de enriquecer la estrategia de seguridad dependen de la gran reforma en las cárceles. Sólo que hasta ahora no se tienen datos ni indicios de que haya comenzado.

Zona Zero

Un velo de silencio se ha tendido sobre el asesinato del líder obrero Gilberto Muñoz Mosqueda en Salamanca, Guanajuato. Sospechosa la manta supuestamente del Cártel Jalisco. Pero urgen datos para despejar la duda de si el sector obrero habría sido penetrado por el crimen organizado. El modus operandi fue de ajusticiamiento.

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