Este martes el gobierno federal dio a conocer que le retiró un inmueble a la activista Rosi Orozco, quien junto con su esposo tenía bajo su administración al menos dos propiedades de alto valor, mismas que serán vendidas para obtener recursos que serán destinados a la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones.
En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Ricardo Rodríguez Vargas, informó que las autoridades están en proceso de recuperar una casa y un departamento ocupados por Rosi y Alejandro Orozco.
Rosa María de la Garza Ramírez es presidenta de la Comisión de Unidxs Contra de la Trata de personas, y tenía bajo su administración un inmueble con un costo de 21 millones 800 mil pesos, el cual está ubicado en la colonia Lomas de Barrilaco de la alcaldía Miguel Hidalgo, con una superficie de 440 metros cuadrados.
“Tiene todavía otra propiedad que creo es de más alto valor y que estamos en camino ya a su recuperación para también darle un destino para el Consejo o la Estrategia para las adicciones”, detalló Rodríguez Vargas quien hoy fue presentado como director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.
En 1994, junto con su esposo, Alejandro Orozco Rubio, fundó la asociación Casa sobre la Roca, organización que promueve “valores bíblicos en la familia de una forma no religiosa”.
De acuerdo con su página oficial en 2005 fue invitada a Washington, D.C. por Concerned Women for America, evento donde “tuvo su primer acercamiento al tema de trata de personas” y ese mismo año creó la Fundación Camino a Casa, uno de los primeros refugios especializados en víctimas de trata creado en México.
Para 2009, cuando era ya una figura conocida en el tema del combate a la trata, el Partido Acción Nacional (PAN) la invitó a ser candidata a diputada federal por el distrito 2 de la Ciudad de México, con cabecera en la alcaldía Gustavo A. Madero, y de 2010 a 2012 fue presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas en la Cámara de Diputados.
En ese tiempo, Rosi Orozco impulsó la iniciativa de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que después se convirtió en ley, misma que sigue vigente actualmente.
En 2012 el PAN la postuló en fórmula con Ricardo Rubio para buscar un lugar en el Senado de la República, pero no obtuvo la victoria y dos años después la entonces senadora panista, Adriana Dávila Fernández, acusó a Rosi Orozco de lucrar con las víctimas de trata.
De acuerdo con una investigación del Senado de la República, realizada en 2017, Rosi Orozco recibió de los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Miguel Ángel Mancera diversos contratos y apoyo político, así como un departamento lujoso y al menos cuatro propiedades más.
Ese mismo año, Dávila Fernández reveló que aparte de los contratos que diversos gobiernos federales otorgaron a Orozco, había otras propiedades que ella usaba bajo la máscara de ser una activista en contra la trata.
A su vez, Rosi Orozco indicó que ya hay un acuerdo con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para desalojar uno de los inmuebles el próximo 30 de junio, por lo que a ella y su esposo les extraño la manera en que se dieron a conocer las cosas.
jhs