Tras un proceso arduo, el Poder Judicial concedió amparo a Marco Antonio y su familia, además se confirmó que sí fue víctima de desaparición forzada por autoridades de la ciudad y el Estado de México, lo que significó un importante paso para la reparación del daño que sufrió.
Así lo aseguró el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García, al compartir con Notimex el resultado de este proceso que garantiza que Marco Antonio y su familia ahora cuenten con la plena protección de las autoridades.
Recordó que el caso de Marco Antonio fue políticamente usado por la administración de Miguel Ángel Mancera y las más altas autoridades de la Ciudad de México, “quienes de manera arbitraria decidieron políticamente que no existía desaparición forzada”.
Lo que llevó a una actuación inapropiada de las autoridades capitalinas, desde la Secretaría de Seguridad Pública, que ofreció recurso y apoyo institucional para la defensa de los policías quienes sólo fueron retenidos 36 horas.
Asimismo, dijo que el procurador de la Ciudad de México, no permitió que se configurara la investigación por desaparición, sino que quedó reducida sólo y en primera instancia como “no localizado” y luego como “abusos de autoridad”.
Esto, añadió, es lo que nos llevó a darle seguimiento al amparo para poder garantizar que Marco Antonio tuviera protección, y cuando se logró con la indignación nacional su reaparición, volvieron a insistir en que el delito no desaparecía, por lo que entramos a otro debate con las autoridades de la ciudad.
El amparo continuó con su proceso y finalmente se otorgó protección de parte de la Policía Federal o por parte de la Gendarmería, para garantizar la integridad de Marco Antonio, y ahora se da también el seguimiento en los hospitales federales donde el joven fue revictimizado.
Al precisar sobre lo que implica la imposición de reparación integral del daño por violación grave a los derechos humanos del joven, recordó que los criterios de reparación de daños en derechos humanos tienen tres grandes apartados.
“El primero es claramente el acceso a la justicia, donde el responsable tiene que ser identificado y sancionado, un segundo elemento corresponde a la reparación económica, siempre y cuando la familia así lo considere, y un tercer apartado corresponde a las garantías de no repetición”.
Esto último implica desde disculpas pública, modificaciones a marcos de ley o incluso la creación de protocolos específicos, detalló.
El joven Marco Antonio fue detenido arbitrariamente la tarde del 23 de enero de 2018 por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, luego fue golpeado y torturado a bordo de una patrulla.
Después de ello, el joven fue abandonado sin que se supiera su paradero, por lo que se declaró su desaparición, luego de lo cual fue localizado y se declaró incluso que se trataba de un “joven problema”, lo que generó la indignación.
MGL