Por unanimidad, el pleno del Instituto Nacional, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó a la Oficina de la Presidencia de la República asumir competencia y proporcionar información sobre la lista de hospitales inconclusos señalados por el Ejecutivo federal en el informe de sus primeros 100 días de gobierno.
Al exponer el asunto, el comisionado Joel Salas Suárez señaló que un particular solicitó al sujeto obligado esos documentos, la ubicación, monto de las obras y la etapa en la que se encuentran los nosocomios.
En respuesta, la Oficina de la Presidencia de la República expresó su incompetencia para conocer lo solicitado y orientó a la persona a dirigir su petición a la Secretaría de Salud, respuesta que fue recurrida por el particular, al manifestar como agravio la incompetencia aludida.
En alegados el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial y defendió su legalidad, sin embargo, el estudio del caso arrojó que esa oficina sí es competente para contar con la información que se solicitó, al tener atribuciones para hacerse de los informes necesarios para preparar los mensajes que emite el Ejecutivo federal.
Además, de investigar que la información que se difunde a través del mensaje institucional sea veraz y coordinarse con diversas dependencias y entidades de la administración pública federal para proporcionar al presidente de la República los elementos necesarios para el desempeño de sus funciones.
En sesión pública, el comisionado Salas Suárez indicó que de la normatividad aplicable se desprende, también, que existe una competencia concurrente entre esa oficina y la Secretaría de Salud para conocer la información de interés del particular.
Expuso que el tema de hospitales es de interés público y mencionó que el problema en el sector salud parece ir más allá de la infraestructura hospitalaria inconclusa, que podría tener relación con presuntos desvíos de fondos y actos de corrupción.
“Es fundamental que el propio Ejecutivo federal haga público el compromiso de su gobierno de solucionar las áreas de oportunidad en el sector de salud pública, la voluntad política parece estar clara, pero hace falta la información que concrete cómo se acometerá el reto”, destacó.
La información pública podrá dar certeza a la población del estado en el que se recibió este sistema y de que el gobierno federal se ocupa de poner en orden las cuentas del rubro e investigar las irregularidades denunciadas por los propios derechohabientes y del personal de salud hasta llegar a las últimas consecuencias, argumentó.
Al respecto, el comisionado presidente, Francisco Javier Acuña Llamas, dijo que este asunto se inscribía en uno de los puntos de preocupación más importantes de la población, que es la salud.
Por ello, consideró grave saber que hay clínicas cerradas o funcionando en una proporción ínfima, a pesar de tener el equipo o que esté en deterioro, además de conocer haya habido o hay una desatención progresiva por la falta de insumos no sólo de medicamentos básicos sino de aparatos para intervenciones.
“Allego mi voz para que desde esta tribuna sirva en la reflexión inevitable sobre si el estado de bienestar se traiciona y deja de funcionar se vuelve el estado de malestar, que es el estado de estar mal”, añadió.
DAMG