Los linchamientos en el país presentan una tendencia de crecimiento, puesto que en 2015 se registraron 43 casos que, comparados con 2018, fueron de 174, lo que representa un aumento de 294.92%, de acuerdo al Informe Especial Sobre los Linchamientos en el Territorio Nacional elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El reporte también señala que en los últimos cuatro años, suman 336 casos, con 561 víctimas: 523 hombre y 38 mujeres, de las cuales 121 culminaron con la muerte de la víctima, es decir, fueron linchamientos consumados; mientras que 440 de los agredidos que fueron liberados o rescatados, quedaron en tentativa de linchamiento.
El informe refiere que los 174 casos de linchamiento de 2018, 132 ocurrieron en cinco estados: Puebla (48), Estado de México (40), Tabasco (22), Ciudad de México (13) e Hidalgo (9).
El reporte refiere que en general los delitos contra el patrimonio como el robo -en cualquiera de sus modalidades- es la principal causa que desencadena los linchamientos, y destaca que de los 336 casos del periodo 2015-2018, 292 se relacionan con el robo en 69%; secuestro en 11% y abuso sexual en 7%.
“El alto porcentaje que presenta el robo, se debe a que en este tipo de delitos es más factible atrapar a la persona en flagrancia, es decir, en el momento justo de la comisión del delito o bien con la evidencia en mano”, indica el estudio.
Durante la presentación del informe, el Ombudsman, Luis Raúl González, manifestó que los linchamientos son actos ilícitos, que debilitan las instituciones democráticas, violentan los derechos humanos y, más que constituir una forma de justicia, contribuyen a debilitar o imposibilitar el acceso a la misma.
El informe plantea que, en materia de registro de información oficial, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública podría establecer estrategias, protocolos y criterios técnicos que busquen la homologación de información estadística oficial, sobre los linchamientos o intentos de linchamientos que se presenten en el país.
Elaborar e implementar protocolos de actuación homologados dirigido a todas las autoridades, corporaciones y funcionarios en materia de seguridad pública y de procuración de justicia para hacer frente a casos concretos de linchamiento o intento de linchamiento, así como protocolos de investigación pericial, policial y ministerial.
LEG