Superdelegado de Chiapas, tiene orden de aprehensión
José Antonio Aguilar Castillejos, delegado del gobierno federal en Chiapas desde el 1 de diciembre, ocultó que tiene una orden de aprehensión desde 2014, por el presunto delito de peculado.
24 HORAS obtuvo una copia de la orden de aprehensión, girada por el Juzgado Primero en Materia Penal para la Atención de Delitos Graves, con sede en Cintalapa, Chiapas.
Julio César Morales, juez primero en materia penal, pidió a la Procuraduría Estatal, la detención de Aguilar Castillejos el 11 de agosto de 2014, como parte de la Causa Penal 71/2014.
Por esos mismos hechos, el ex alcalde de Ixtapa, Ricardo Pérez Pérez, fue detenido en 2014 y encarcelado, por un daño patrimonial superior a los 40 millones de pesos; sin embargo, el funcionario del gobierno federal no ha sido detenido.
De acuerdo con documentos oficiales, en 2009, el súper delegado de Chiapas fue tesorero del municipio de Ixtapa, en una Administración donde se comprobó un desvío de al menos 40 millones de pesos.
Sin embargo, en su perfil, entregado a la Secretaría de la Función Pública, el funcionario omitió que estuvo en ese cargo y sólo publicó los cargos que ha ocupado en Morena.
Desde su designación por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el superdelegado, con orden de aprehensión por peculado, maneja los fondos federales para los principales programas sociales, así como la información confidencial y de inteligencia generada en Chiapas.
“Se libra orden de aprehensión en contra de José Antonio Aguilar Castillejos, ex tesorero de Ixtapa, Chiapas, como probable responsable del delito de peculado, cometido en agravio del erario municipal de Ixtapa, Chiapas, y por lo cual, el Ministerio Público ejerció acción penal.
Otro de los delegados federales, con cuestionamientos de corrupción es Carlos Lomelí Bolaños de Jalisco, quien mediante su empresa Lomedic, según publicó este diario hace unos años, ganó contratos irregulares por 922.6 millones de pesos durante la administración de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno de la Ciudad de México.
La empresa de Lomelí Bolaños tuvo sus cuentas bancarias congeladas, esto al ser investigada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pues fue acusada de presuntos nexos con el crimen organizado.
Con la llegada del nuevo gobierno, se nombró a 32 delegados y se les armó un mini gabinete, que en los hechos funciona como un gobierno alterno, debido al poder que concentran , al dirigir los programas sociales y su injerencia que tienen en las decisiones de seguridad e inteligencia en las entidades.
LEG