En 2017 se cometieron 33.6 millones de delitos en México, asociados a 25.4 millones de víctimas. Ese mismo año sucedieron 32 mil 79 homicidios. Estas cifras rebasan cualquier calificativo posible y colocan a nuestro país en una situación en la que sus habitantes simplemente no pueden vivir en paz.
La tendencia es muy clara: desde 2009 hasta la fecha, los homicidios han ido en aumento, y las acciones planteadas al respecto por las administraciones pasadas no fueron exitosas. Con esto en mente, y considerando el gran impacto directo que la inseguridad y la violencia tienen en nuestra población, el actual Gobierno federal ha diseñado una estrategia integral para pacificar al país, y uno de sus ejes rectores es la creación de la Guardia Nacional.
La aprobación de la Guardia Nacional y sus leyes reglamentarias tenía dos posibles escenarios: la disensión o el acuerdo. Por fortuna, a través de un proceso verdaderamente democrático en el que se escucharon las voces de la sociedad civil y se consideraron los puntos de vista de todos los grupos políticos, el pleno del Senado de la República logró alcanzar un consenso mayoritario.
Esto es importante, en especial por dos razones: la primera es que toda gran reforma necesita contar con el mayor apoyo posible. Las reformas que nacen de la imposición tienen una vida corta y una implementación sumamente complicada. Basta con revisar lo que sucedió con las estrategias de seguridad planteadas en el pasado, las cuales fueron aprobadas sin considerar la opinión de la población y sin alcanzar consensos parlamentarios.
La segunda razón es que los instrumentos con que contará el Estado mexicano para combatir a los grupos criminales gozarán de los niveles de legitimidad necesarios para funcionar correctamente. Esto es trascendental, ya que muchos de los esfuerzos pasados fracasaron en parte por no poder acordar cuál debía ser el camino por recorrer para reducir los índices delictivos.
De esta manera, la aprobación unánime de la Guardia Nacional y de sus cuatro leyes reglamentarias demuestra que la construcción de acuerdos es posible dentro de la diversidad y la pluralidad. A través del entendimiento, los senadores hemos emprendido un primer paso hacia una solución conjunta para un problema que aqueja al país entero.
Sin duda alguna, estamos avanzando hacia una mejor política de seguridad, pero necesitamos seguir trabajando en otros temas que permitan reducir los índices de criminalidad. Es preciso aumentar el porcentaje de los ilícitos que se denuncian, y para ello se requiere empoderar a las víctimas y mejorar las condiciones de los ministerios públicos. Resulta también fundamental reducir los niveles de impunidad existentes, para incrementar el costo de oportunidad de cometer un delito. Éstas son solamente algunas acciones dentro de los grandes cambios que tendremos que emprender para reducir la inseguridad en el país.
La misión es asegurar que toda la población viva sin miedo de ser víctima de un delito o de la violencia; lograrlo dependerá de nuestra capacidad para seguir alcanzando soluciones que tengan como base el consenso, y no pierdan de vista la urgente necesidad de pacificar a México.
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