El Observatorio del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM (O-SUSMAI) llama a buscar soluciones regionales, coordinadas y con una perspectiva transversal para enfrentar la crisis ambiental que en días recientes enfrentó la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.
O-SUSMAI informó que “esta crisis obedece una situación compleja en la que interactúan distintos factores. Su atención requiere respuestas que reconozcan esta complejidad, no puede reducirse a medidas parciales. Basta decir que los incendios que se han presentado a lo largo de este año no son atípicos, no son ni más intensos ni más grandes que los de años recientes. Sin embargo, su ubicación cercana con los centros urbanos y factores tales como la falta de viento y el retraso de las lluvias han potenciado los problemas de contaminación que ya de por sí tienen las zonas urbanas debido a sus propias dinámicas de movilidad y consumo”.
“Las organizaciones civiles y las instituciones académicas que formamos parte del Observatorio Universitario consideramos que esta crisis puede y debe ser una oportunidad para darle a la política ambiental la importancia y la transversalidad que requiere. Desde hace años, la política ambiental ha sido desmantelada, minimizada y subordinada a los intereses privados. Es momento de cambiar esta situación, implementando soluciones de fondo que realmente atiendan las causas”, afirmó Leticia Merino, coordinadora del O-SUSMAI.
Por esta razón, la organización le pide a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, a la secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Blanco, y al coordinador de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Víctor Hugo Páramo, que implementen acciones prioritarias (producto de un amplio consenso entre académicos, organizaciones civiles y ciudadanía, entre ellos el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire) en el marco de sus respectivas competencias.
Financiamiento de las medidas
Creación de fondos para la movilidad sustentable, uno en la Ciudad de México y uno en el Estado de México, cuyos recursos se manejen con total transparencia con reportes trimestrales públicos para la ciudadanía. Los fondos se alimentarán con el siguiente mecanismo:
– Sobreprecio en combustibles en el Valle de México de 1 peso por litro de gasolina y/o de diésel. El 80% de los recursos captados se invertirán en la creación de más líneas de Metrobús/Mexibús; ciclopistas confinadas, áreas peatonales. El restante 20% se aplicará en el otorgamiento de compensaciones directas por medio de monederos electrónicos a los prestadores de los servicios públicos de transporte y a transportistas de alimentos frescos y perecederos (frutas, verduras, cárnicos).
Incendios forestales
Mas allá de los diagnósticos generales que atribuyen los incendios forestales a las “quemas agrícolas”, es importante considerar que a menudo los incendios, particularmente en el Eje Neo-volcánico, buscan remover la vegetación para dedicar la tierra a usos más rentables: el establecimiento de huertas de aguacate, producto de enorme demanda internacional y nacional, y la especulación inmobiliaria. Si bien la legislación prohíbe el cambio de uso del suelo en tierras forestales incendiadas, la actuación oficial para hacer cumplir esta prescripción es nula. Basta tener en cuenta que en los pasados 30 años, una tercera parte de los bosques de la Meseta Purépecha en Michoacán se han convertido en huertas de aguacate sin permiso de cambio de uso del suelo.
Por otra parte, también durante los pasados 30 años, la experiencia forestal del país muestra que los sitios con menor incidencia de incendios y mayor capacidad de respuesta rápida son aquellos donde las comunidades locales manejan el bosque: vigilan sus condiciones permanentemente, implementan medidas de prevención, cuentan con capacidades humanas y técnicas para combatir incendios y aprovechan los recursos forestales. Un indicador de la importancia y potencial del manejo comunitario, es el hecho de que los incendios tienden a ser mayores en áreas naturales protegidas, donde las comunidades han perdido el control de los bosques.
Aunque el manejo forestal comunitario ha recibido generalmente recursos públicos de manera marginal, la crisis reciente hace evidente que los recortes que han sufrido en los años recientes los recursos destinados a la protección forestal para las comunidades dueñas de los bosques, tanto en el país como en la Ciudad de México, han limitado las capacidades locales para responder al fuego en los bosques.
dpc