La Guardia Nacional tiene otra prueba inmediata antes de que sea completamente claro cuándo quedará enteramente constituida. Así está la emergencia en Michoacán.

La señal que la mañana de este lunes mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador fue clara: esa entidad no está sola.

Eso, a pesar de las declaraciones hechas por algunas autoridades municipales en medios nacionales que señalan la falta de respaldo del Ejecutivo Nacional para acabar con la crisis de inseguridad que lleva, por lo menos, una década.

Tampoco es que sea una entidad muy acompañada. Incluso por sus propios habitantes, cuyas longevas divergencias dividieron políticamente al PRI poco antes de fundarse el Frente Democrático Nacional, encabezado en 1988 por el michoacano Cuauhtémoc Cárdenas.

Algunos historiadores no tendrían dificultad en situar en aquella entidad, como en Guerrero, la presencia generacional de conflictos irresueltos que han atravesado los siglos: ausencia de Estado de Derecho, problemas de representatividad, conflictividad recurrente de seguridad.

Para muestra, algunos datos retomados del Índice GLAC. Entre 2010 y 2011 repuntó la violencia como resultado de la disputa entre grupos delictivos. En 2012 aparecieron las denominadas “autodefensas”.

En 2014 se integró “la Policía rural”, y la entidad se ubicó entre los primeros lugares en secuestro a nivel nacional.

Tres años después, Michoacán fue la entidad con la segunda tasa de armas ilegales más alta del país. ¿Las consecuencias? Aumento de robo, extorsión y secuestro, siendo Uruapan el municipio con mayor afectación en este delito.

El gobierno de Enrique Peña Nieto publicitó la intervención de uno de sus servidores públicos preferidos, y después de ella el estado de cosas cambió, si acaso, superficialmente.

Los enfrentamientos violentos que vimos en los medios de comunicación, presuntamente protagonizados por integrantes del crimen organizado en los municipios de Uruapan y Zamora, son parte de esta espiral que inició hace años… o décadas.

La indolencia de las autoridades, pero sobre todo la corrupción e ineficiencia que han privado en los Gobiernos de Michoacán han contribuido a que la crisis de inseguridad haya llegado a estos niveles.

Sin embargo, la entrada de la Guardia Nacional es una buena señal, una acción a la que se deben sumar todos los sectores dado que ese nuevo cuerpo no necesariamente sustituirá capacidades, facultades y competencias del estado y los municipios, sino que es parte de una estrategia complementaria en la que deben colaborar los tres órdenes de Gobierno.

La presencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en Apatzingán es un mensaje que intenta simbolizar ese apoyo a la ciudadanía y a los Gobiernos para que redoblen esfuerzos.

El tema es la eficiencia, los resultados de corto y largo plazo que deben enquistarse en una tierra gobernada constantemente por la inhabilidad de segmentos amplios de la población y de la autoridad de vivir bajo las reglas de la ley.