México ha dejado de estar en la lista negra de países que no habían desarrollado ninguna actividad jurídica para sancionar el caso de corrupción de Odebrecht, señaló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo.

 

Resultaba lamentable, apuntó, que México durante muchos meses fuese junto con Venezuela uno de esos dos únicos países.

 

En entrevista, mencionó que por ello en el ámbito de responsabilidades administrativas en la Secretaría de la Función Pública, en el congelamiento de cuentas en la Unidad de Inteligencia y en la Fiscalía General de la República (FGR) en el ejercicio de la acción penal.

 

Subrayó que existe el convencimiento de la fortaleza de las acusaciones contra los casos de corrupción que llevaron a congelar cuentas y liberar órdenes de aprehensión contra Emilio Lozoya, ex director de Pemex, y Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA).

 

Por ello, expuso, están convencidos de la necesidad de que se sancionen los casos de corrupción y particularmente el caso de Odebrecht.

 

Sobre el amparo obtenido por Lozoya para evitar ser detenido, consideró que eso no significa nada y la Unidad que encabeza continuará como coadyvante en el proceso penal.

 

El funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) agregó que contra el congelamiento de cuentas no hay amparos y siguen bloqueadas 13 cuentas de personas físicas y morales en cuanto a Altos Hornos de México, de Alonso Ancira y de Emilio Lozoya.

 

Las 29 cuentas liberadas de esta empresa, explicó, fue para el pago de trabajadores y de proveedores de la empresa para no afectar derechos laborales.

 

Recordó que el del presidente Andrés Manuel López Obrador es un gobierno de izquierda y se respetan loa derechos de los trabajadores.

 

Nieto Castillo aseguró que es falsa una violacion al debido proceso como arguye la defensa de los acusados, pues la Unidad de Inteligencia Financiera es denunciante y coadyuvante en el proceso y, por lo tanto, puede hacer públicas ciertas manifestaciones.

 

Indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene los datos de la investigación y que los implicados tienen derecho a ser defendidos; “pero estamos convencidos de la fortaleza de la acusación”, concluyó.

gac