Según los sondeos británicos, es el favorito para suceder a la primera ministra, Theresa May, sin embargo, el ex ministro del Exterior, Boris Johnson, fue acusado de mentir a la población en 2016, durante la campaña previa al referéndum del Brexit.

La demanda fue interpuesta por el empresario británico de 29 años, Marcus Ball, quien señaló que Johnson mintió repetidamente y engañó a los británicos sobre el costo de pertenecer al bloque comunitario, al señalar que el Reino Unido tenía que pagar casi 400 millones de euros por semana.
Johnson fue acusado de conducta indebida en un cargo público por dichos comentarios.

La cifra, materializada en un célebre anuncio de campaña en autobuses, fue una de las partes más importantes y polémicas de la exitosa campaña en favor del Brexit antes del referendo.

Sus rivales argumentan que fue una falsedad deliberada que se convirtió en un símbolo de las divisiones provocadas por el referendo.
Los británicos votaron a favor de abandonar la Unión Europea con 52%.

La juez Margot Coleman indicó que Johnson, también ex alcalde de Londres, debe responder a acusaciones de que cometió tres delitos criminales por mala praxis en un cargo público.

Ball, para financiar la acusación privada, realizó una campaña de microfinanciamiento popular que ha recaudado casi 230 mil euros. Ahora, el ex funcionario deberá comparecer ante un tribunal.

En su dictamen escrito en la Corte de Magistrados de Westminster, en Londres, Coleman dijo que las acusaciones no fueron demostradas, pero agregó que “tras considerar todos los factores relevantes, creo que es un caso apropiado para emitir una citación por los tres delitos”.

Se exigirá la comparecencia en la corte del acusado, propuesto para una audiencia preliminar y, posteriormente, el caso será enviado al Tribunal de la Corona para su juicio.

Un analista e la BBC de Londres señaló que “las acusaciones no podían llegar en un peor momento” para Johnson, quien busca dirigir el Partido Conservador y asumir la cartera de primer ministro, ya que sus opositores “probablemente usarán los reclamos en su contra”.

Lewis Power, en representación de Ball, indicó que la denuncia no era un “acto político” ni un intento de retrasar o cancelar la salida de Reino Unido de la mancomunidad, y que el problema de fondo era “la conducta de los que desempeñan cargos públicos”.

Los abogados de Johnson argumentaron que el caso es un montaje de los contrarios al Brexit.

Sacuden elecciones a Turquía y Escocia

Las recientes elecciones del Parlamento Europeo sacudieron temas de política exterior en las naciones del bloque, y en otras que aspiran a integrarse.
Las negociaciones para la integración de Turquía a la Unión Europea (UE) continúan en punto muerto, señaló la Comisión Europea, pues el país ha seguido alejándose del bloque comunitario.

“Con un retroceso grave en los ámbitos del Estado de Derecho y los derechos fundamentales”, indicó la Comisión en su evaluación anual sobre las reformas en ese país.

En tanto, el Gobierno de Escocia presentó una ley con la que busca sentar las bases para un segundo referendo independentista, ante la incertidumbre generada por el Brexit.

“Acabamos de publicar una ley para fijar las normas de un referendo de independencia, para permitir que el pueblo escocés elija su propio futuro en lugar de tener un futuro Brexit impuesto”, informó la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon.

En abril pasado, adelantó que su Ejecutivo presentaría el proyecto para tratar de establecer este mismo año las normas para una nueva convocatoria.
El referéndum, el segundo tras el realizado en 2014, requiere la aprobación del Ejecutivo británico.

LEG