Los hechos ocurridos el 26 de mayo pasado en la Huacana, Michoacán, cuando fueron retenidos militares y para liberarlos pobladores del lugar exigían la entrega de armas de alto calibre, abre la posibilidad de riesgo de que en otras situaciones similares se atente contra la vida de elementos federales, advirtieron especialistas.
Rubén Salazar director de la consultora de Etellekt, en una entrevista con 24 HORAS, aseguró que existe tal peligro y que al final derive en atentados contra los elementos federales. “Considero que no debieron entregar las armas y simplemente replegarse”
Recordó que esa entidad, así como Guerrero, son las dos entidades que cuentan con la mayor presencia de grupos de autodefensa y en 2014 el Gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de su comisionado Alfredo Castillo, se prestó a regular a algunos de estos grupos para convertirlos en policía rural dotándoles de armas y uniformes después de los acuerdos de Tepalcatepec, incluso firmados con la anuencia de personajes de la sociedad civil.
Salazar destacó que en 2004 cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador se desempeñó como jefe de Gobierno del Distrito Federal, pobladores de San Juan Ixtayopan en Tláhuac, lincharon a tres policías que iban encubiertos como civiles.
Explicó que contener multitudes con arma o sin arma puede dar lo mismo si no sabes manejar los protocolos de actuación. Sobre todo, cuando la relación de fuerzas del orden es menor que quienes quieren controlar.
En el caso de la Huacana, si los militares hubieran accionado armas, la imagen de López Obrador se hubiera visto afectada, pero si hubieran asesinado a soldados, la crisis hubiera sido similar. “Cualquier indicio de hacer uso de la fuerza terminaría en una masacre con bajas en ambos lados”, apuntó.
El especialista, subrayó la postura del mandatario sobre la actuación de las fuerzas armadas y la GN es no volver a reprimir al pueblo y en este sentido la ley sólo terminaría avalando una disposición administrativa que ya está en práctica.
Para el especialista en temas de narcotráfico del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Martín Barrón, es lamentable que miembros de la Sedena fueran sometidos de esa manera.
“Pero esto se deriva de seguir manteniendo el esquema de militarizar la seguridad pública, por más que quieran las autoridades minimizar o desdeñar el tema de la militarización es algo que está y obviamente ellos no lo iniciaron, empezó desde el Presidente Ernesto Zedillo, fue el primero que sacó a las fuerzas armadas a labores de Seguridad Pública”, refirió.
Explicó que este desgate le está pasando factura a las fuerzas armadas, “si bien muchos han criticado que los militares son las víctimas, primero habría que analizar su actuación del Ejército en toda esa región, puede ser que la población este cansada de abusos y llegó un momento de hartazgo y pusieron un alto al hacer justicia casi, casi por su propia mano.”
Nueva retención
El viernes pasado, alrededor de cientos de campesinos del municipio de Heliodoro Castillo, Guerrero, retuvieron alrededor de 30 militares y 20 policías estatales exigiendo la entrega del fertilizante.
Los manifestantes demandaron la presencia de las autoridades y fue hasta el sábado que liberaron a los uniformados y se inició un diálogo con el gobernador Héctor Astudillo y el delegado del Gobierno federal, Pablo Almícar Sandoval, quienes expresaron que este lunes iniciará la entrega de fertilizante.
En su cuenta de Twitter, Astudillo informó que lograron acuerdos con los paisanos de la Sierra, “han nombrado a un enlace con quien mantendremos comunicación en forma permanente. Dentro de nuestros acuerdos está el respeto a los elementos de Sedena y SSPGro”.
CIFRA:
35 protestas diarias se registran en el país, ninguna de estas ha sido disuelta o reprimida por fuerzas federales.
Fuente Etellekt
LEG