El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dijo que esta es la primera vez en los casi 29 años de historia de la CNDH que un titular del Ejecutivo federal no recibe de manera personal el informe anual de ese organismo.
En conferencia de prensa, luego de entregar el Informe de Actividades 2018 de la CNDH al Ejecutivo Federal, mediante la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, González Pérez señaló que más allá de un acto meramente formal, el encuentro abría un espacio directo para que la CNDH pudiera exponer un balance anual.
Así como reflexionar sobre los retos y situaciones que demandaban atención especial para el año en curso y cuestiones que en este 2019 no pudieron concretarse, al no haberse generado un espacio para que los derechos humanos fueran escuchados.
Señaló que en los primeros seis meses de la nueva administración empiezan a acumularse hechos y omisiones que, en su conjunto, hacen suponer que procurar la vigencia de los derechos humano no es una premisa del nuevo Gobierno.
“Nuestro país no puede prescindir de espacios y vías para que la reflexión y el entendimiento sean posibles mediante la pluralidad, la tolerancia, así como el respeto a las personas y a las ideas, para construir consensos en beneficio del país y de su sociedad. El piso común que nos una, identifique y permita sustentar cualquier cambio para México, deben ser la legalidad, respeto a la dignidad humana y vigencia de los derechos humanos”, aseveró.
Enfatizó que con independencia de medidas de disciplina presupuestal o de la investigación de ilícitos, México se encuentra obligado a asignar, hasta el máximo de sus capacidades, los recursos necesarios para que los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, sean vigentes, obligación que subsiste aún frente a recortes o ajustes presupuestales.
Luis Raúl González Pérez Presidente de la CNDH
“Este es mi quinto informe y es el primero que no se da frente al Presidente de la República, en 29 años, siempre se había informado públicamente, porque es la oportunidad que tiene el Ombudsperson de decirle a la máxima magistratura ejecutiva el estado en que se encuentran los derechos.
LEG