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La fundación de la ciudad de Tenochtitlán se remonta a cientos de años atrás a nuestros días. A lo largo del tiempo, nuestra urbe se ha transformado en su diseño y organización desde su división en barrios llamados “calpulli”, hasta la creación del Distrito Federal.

El último cambio trascendental ocurre con la Constitución Política de la Ciudad de México del 5 de febrero de 2017, que estableció un nuevo paradigma para la metrópoli, transitando de la figura de “delegaciones políticas” a la conformación de “alcaldías”, que son el contacto más cercano con la ciudadanía y a quienes más piden información.

La modificación a las bases de organización constitucional de la capital da lugar al nacimiento de los concejos en las alcaldías, los cuales se integran de 10 a 15 personas pertenecientes a partidos políticos o candidatos independientes, electos para un periodo de tres años.

Dichos órganos colegiados de representación política pretenden ser contrapeso de sus alcaldías y un canal de comunicación con sus habitantes. Su función impacta en la vida pública, pues tienen facultades de supervisión y evaluación de las acciones de Gobierno, de control del ejercicio del gasto público y de la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la demarcación, adicional a que perciben una retribución económica y a que pueden ser reelectos en su cargo.

Dada su reciente creación, los concejos no aparecen expresamente en la ley de transparencia de la ciudad, publicada en mayo de 2016. No obstante, existe un interés ciudadano de conocer su actuar y toma de decisiones, inquietud que se ha expresado en solicitudes atendidas por las alcaldías y en medios de defensa resueltos por el INFO.

Por eso, resulta un avance en materia de acceso a la información la reforma a la ley de transparencia local, propuesta por la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, que aprobó el Congreso de la Ciudad de México, el 28 de mayo pasado, en la que se adicionan obligaciones de transparencia específicas para los concejos y sus integrantes.

La reforma ordena a las alcaldías a tener actualizada en sus sitios de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la información sobre sus concejos, entre la que se encuentra: el nombre, domicilio, número telefónico y correo electrónico oficial de los integrantes; el calendario de las sesiones del pleno y de las comisiones; las actas correspondientes; sus informes; así como la remuneración que reciben.

La publicación de información de dichos concejos y sus miembros, sin que sea necesario pedirla, permite no sólo conocer sus actividades, sino las razones que justifican su actuar o decisiones, lo que facilita que los capitalinos puedan evaluar sus funciones y el ejercicio de gasto.

El reto para estos órganos colegiados no debe limitarse a cargar en su portal y en la PNT la información que por obligación debe tener disponible, sino que deben ser instancias con credibilidad, que promuevan la participación ciudadana y que construyan confianza.

Que los concejales sean llamados a transparentar y a rendir cuentas es un logro que contribuye a la construcción de una metrópoli democrática, pues al ser supervisores de las alcaldías e interlocutores con sus habitantes deben ser ejemplo de “cajas de cristal”.

*Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO).