Previo a abordar el vuelo que la llevará al encuentro interparlamentario del Parlatino, con sede en Panamá, la diputada María Rosete en conferencia de prensa apuntó: “Pocas veces nos ponemos a pensar en la cantidad de personas que trabaja en la llamada “economía informal” y en la forma en que contribuyen a la economía urbana
de sus respectivas localidades mediante la venta de diversos productos o servicios.
De acuerdo con cifras oficiales de 2018, México registró un total de 54 millones 68 mil 791 personas económicamente activas, de las cuales, un millón 900 mil se encuentran en el apartado de Población Desocupada, 30 millones 500 mil lo tienen en la informalidad, y 21 millones 668 mil 791 dentro de la formalidad”.
La también integrante en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en representación del Partido de Encuentro Social, precisó que ante la falta de oportunidades laborales dentro de la formalidad, mucha gente opta por el autoempleo en sus diversas vertientes , otros deciden emigrar hacia entidades o países con mejores oportunidades, y algunos eligen dedicarse o unirse a la delincuencia para obtener recursos inmediatos ante la debilidad de las institucionesde procuración e impartición de justicia para castigar los delitos.
El tema de reconocimiento de la figura del “trabajador del espacio público” debe preocuparnos y ocuparnos porque no ha existido voluntad para su solución ni se han creado las condiciones necesarias para generar empleos formales suficientes.
Deseo ser muy precisa en cuanto a objetivo de esta iniciativa, que a la letra dice: “Tenemos que crear las condiciones jurídicas mediante reformas a los artículos 5º y 123 de la Constitución Política, para transitar hacia la inclusión de los trabajadores informales en procesos formales y hacerlos partícipes del desarrollo del país.
Mientras los trabajadores en el espacio público no sean reconocidos como actores legítimos, cualquier intento por regularizarlos es infructuoso porque, aunque son una realidad, los derechos y obligaciones que deberán regir para este sector que está conformado por más de 35 millones de trabajadores.
Totalmente falso que nuestra iniciativa pretenda cargarles más la mano a nuestros compañeros y representados que son los trabajadores del espacio público, nuestra propuesta gira en torno a la igualdad de derechos y obligaciones.
De ahí que hagamos un respetuoso llamado a los medios de comunicación -quienes con oficio y profesionalismo nos dan cobertura– a que nos ayuden a difundir y precisar el contenido de nuestra iniciativa, que incentiva un compromiso legal de derechos y obligaciones.
Diversos estudios y estimaciones señalan que el comercio en el espacio público aporta más del 23 por ciento al Producto Interno Bruto nacional, esto es, por cada 100 pesos generados del PIB, 24 pesos los generan el 58 por ciento de ocupados en la informalidad.
En días pasados diferentes publicaciones mencionaron que se trataba de pagar más impuestos por parte de los comerciantes. A pregunta expresa, la diputada Rosete contestó categórica “… no se trata de sumarle otro pago a los compañeros trabajadores del espacio público el objetivo de reconocer constitucionalmente la figura del trabajador del espacio público es precisamente que su contribución vaya directamente al fortalecimiento de seguridad social.”
Con la escases y precariedad del empleo, no es difícil ver a profesionistas laborando en tareas ajenas a sus expectativas y con salarios bajos; de estudiantes que una vez concluidos sus estudios no encuentran donde iniciar su vida laboral; de las limitaciones que existen para los jóvenes; de cómo personas mayores de 50 años, aún en edad productiva, no tienen oportunidades ni opciones de trabajo.
Debemos comenzar con reformar la legislación constitucional en materia laboral, establecer la figura legal del trabajador en el espacio público para, posteriormente, poder normar y regular las actividades de este sector mediante las leyes secundarias en la materia.
De lo contrario, si no seguimos esta ruta los resultados seguirán siendo los mismos. La también integrante en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en representación del Partido de Encuentro Social, indicó: Con estos niveles de desarrollo, será difícil crear los empleos necesarios con salarios que requiere la población para tener una vida digna, por lo que ya no es posible postergar esta problemática, es urgente ver las alternativas, estudiarlas,
analizarlas, consensuarlas para demostrar que el comercio en vía pública no es un
crimen, sino una opción de vida, un derecho humano.
Ya se dio un primer paso a nivel constitucional en esta materia con la expedición de la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual fue aprobada en febrero de 2017 y entrará en vigor el 17 de septiembre de 2019. Sin embargo, como ya lo expresé e insisto, debe existir la figura jurídica del “trabajador en el espacio público” en la ley, es el primer paso, y no dejar esta calidad a interpretación.
Por ello, hemos trazado una hoja de ruta de foros para que podamos contribuir con una propuesta sólida que se genere desde la ciudadanía, de los comerciantes, con las sugerencias de la academia, de los especialistas, de los inversionistas y de las autoridades.
“Esta experiencia nos servirá para legislar en la materia, para reconocer la actividad del llamado “comercio ambulante” como un empleo lícito y como un sector que esparte de una economía, que está conformado por gente de trabajo que quiere ser parte del desarrollo y que está dispuesto a comprometerse con la Ley, a participar
es su elaboración y funcionamiento, asumiendo las obligaciones que conlleve el marco jurídico y exigiendo, a su vez, los derechos y prestaciones establecidas por Ley”. Concluyó la legisladora.
gac