Imaginemos esta escena: una familia decide hacer ajustes a su presupuesto con el fin de poder cumplir con gastos indispensables en el hogar. Para ello, decide vender el auto de la casa. Ahora, viajarán en transporte público, sin importar que el trabajo del esposo exija traslados a cualquier hora del día o de la noche, los siete días de la semana, y en condiciones mínimas de seguridad para poder garantizar la estabilidad de su entorno.

“Con la lanita que salga de la venta del coche, pagamos la seguridad de la casa, para que no se metan los intrusos. Ya ves cómo se ponen de exigentes los vecinos de Las Lomas; dicen que somos responsables de la inseguridad de ellos, y ahora nos la quieren cobrar”, concluye la pareja. “Oye, viejo, ¿y cuando se nos acabe el dinero del coche y de todo lo que quieres vender?”, pregunta ella. “Ya veremos; siempre habrá algo que rematar”, responde él.

Algo así pasa en Palacio Nacional. El Presidente de la República ha demostrado una gran habilidad para las cuentas caseras. Ejemplo claro es la decisión de vender el avión presidencial, que, por cierto, no pertenece al Jefe de Estado, sino a las instituciones; en este caso a la Secretaría de la Defensa.

En este ejercicio digno de una nueva teoría sobre gasto público, el primer mandatario anunció que de esta venta saldrán los recursos para implementar el plan migratorio que México necesita para cumplir con parte de los compromisos adoptados con Estados Unidos la semana pasada.

Nada más casero que este cálculo.

Lo que quizá el Presidente no sepa, o no le hayan informado, es que el proceso de venta de un activo del Estado es mucho más complejo que como se pinta en las conferencias mañaneras. Vaya, no es la venta del coche para mejorar la seguridad de la casa.

La compra del avión presidencial fue objeto de un proceso administrativo perfectamente bien concebido y apegado a la norma. La necesaria adquisición de una aeronave comenzó con la autorización expresa para este fin del Congreso de la Unión en noviembre de 2011, votada por la mayoría de los diputados del PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza, PT y MC.

Una vez obtenido el aval de los legisladores, las Secretarías de la Defensa y de Hacienda realizaron las respectivas evaluaciones para iniciar el proceso de compra. La adquisición por un monto de 218 millones de dólares se llevó a cabo bajo la forma de un arrendamiento financiero entre la Sedena y Banobras, cuyo pago implicaría un plazo de 15 años.

Deshacerse del avión presidencial no será un proceso sencillo. Mucho más si se pretende actuar apegado a la norma, como ocurrió en su adquisición. El gobierno del presidente López Obrador tendrá que acreditar que en este proceso no se perderán recursos y que éste no tendrá impacto en la seguridad nacional.

Lo que el cálculo casero no ha tomado en cuenta es que la deuda del Gobierno es con Banobras, al que se le tendrá que pagar lo que se recaude con la venta de la aeronave. Es decir, los recursos no podrán ser utilizados con otro fin que no sea cerrar la deuda que la Sedena tiene con la banca de desarrollo. De lo contrario, podría incurrirse en un quebranto o perjuicio patrimonial en contra de Banobras, en una clara violación a la Ley de Instituciones de Crédito.

“Amor, ¿siempre sí vendiste el carro?”.

Segundo tercio. Si lo que asusta es lo lujoso del coche, la familia podría vender las autopartes ostentosas y hacerlo más austero. Sugerencia de cálculo casero.

Tercer tercio. Son siete los periodistas asesinados en lo que va de esta administración. Lo bueno es que las cosas iban a cambiar en esta materia.