México no ha aceptado que Estados Unidos le envíe a un número ilimitado de solicitantes de asilo, dijo el viernes el canciller Marcelo Ebrard, en momentos en que el número de retornados subía a unos 200 por día por Ciudad Juárez, uno de los tres puntos habilitados como parte de un programa entre ambos países.

 

“Hoy (viernes) hay reunión con las autoridades norteamericanas para conocer, discutir puertos de entrega y cómo se va a medir el número, porque México no ha aceptado que sea un número indeterminado”, dijo Ebrard en conferencia de prensa junto al presidente Andrés Manuel López Obrador.

 

La semana pasada, ambos países llegaron a un acuerdo que evitó la imposición de aranceles a los productos mexicanos, que considera reducir el flujo de migrantes que escapan de la pobreza y violencia en Centroamérica y, atravesando México, llegan a Estados Unidos en busca de un mejor futuro.

 

Como parte del acuerdo, México se comprometió a reforzar su frontera con Guatemala enviando miles de efectivos de su recién creada Guardia Nacional y a ampliar el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), que permite a Estados Unidos enviar solicitantes de asilo mientras esperan sus juicios migratorios.

 

Según cifras oficiales, desde fines de enero hasta el 12 de junio, 11,922 solicitantes de asilo fueron devueltos a México por tres puertos fronterizos: Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali. En los próximos días se ampliará la cantidad de retornados y las ciudades que los recibirán.

 

Ebrard anunció además que el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur concluirá el martes.

 

El tráfico de migrantes, dijo, genera una derrama económica de 6,000 millones de dólares anuales por el pago que realiza cada persona para intentar cruzar ilegalmente la frontera estadounidense, una cifra que termina en actos de corrupción, tanto en México como en Estados Unidos.

 

OPOSICIÓN, DENTRO Y FUERA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que el acuerdo migratorio alcanzado con México la semana pasada incluye un plan de “tercer país seguro” si otros esfuerzos para contener la crisis en la frontera entre las dos naciones fracasan.

 

La figura del “tercer país seguro” supone que las personas que solicitan asilo en un país, puedan recibir el mismo tipo de protección en otro, considerado seguro, para aliviar los flujos migratorios del primero.

 

A pesar de que el acuerdo evitó aranceles que podrían haber llevado a la economía mexicana a una recesión, no ha sido bien recibido ni dentro, ni fuera del partido de Gobierno.

 

Destacados legisladores del partido de López Obrador rechazaron la sugerencia de que México pueda someterse a la demanda de Trump de convertirse en una zona de amortiguación para mantener a los migrantes fuera de Estados Unidos.

 

Ebrard, junto con la secretaria de Economía, Graciela Márquez, comparecieron el viernes ante el Congreso para explicar detalles del acuerdo alcanzado con Estados Unidos y recibieron una andanada de críticas de la oposición, que tiene minoría en ambas cámaras.

 

“En una negociación exitosa ambas partes logran algo. (El acuerdo con EU) no se trató de una negociación, se trató de una imposición de Estados Unidos, de condiciones que si no se cumplen en México tendrán serias consecuencias”, dijo el senador Damián Zepeda, del opositor Partido Acción Nacional (PAN).

 

“Hay que diagnosticar las cosas de manera correcta, hay que ver los hechos, hoy por hoy México se convirtió en el cuidador oficial de migrantes de Estados Unidos, lamentablemente”, agregó.

 

Durante la comparecencia de Ebrard y Márquez, el jefe del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén, renunció a su cargo argumentando “motivos personales”, dijo a Reuters Héctor Gandini, vocero de la Secretaría de Gobernación.

 

El fin de semana, 825 nuevos funcionarios entrarán al INM para fortalecerlo.

 

 

fahl