El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) comenzará con la aplicación de las cinco acciones solicitadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para mejorar su operación, entre las que destacan terminar con los desalojos y ofrecer facilidades de pago.
Este lunes, en sesión extraordinaria, los miembros del Consejo de Administración coincidieron en lo general con el llamado del presidente y aprobaron que las acciones propuestas se analicen y discutan a la brevedad en las próximas sesiones de este órgano de gobierno.
Esto, luego de que el jueves pasado, el mandatario mexicano dirigió una carta al Consejo de Administración del Infonavit, en la que hizo un llamado para recobrar la esencia del instituto como organismo de solidaridad, servicio y seguridad social del Estado mexicano.
En este sentido, exhortó al cuerpo directivo del Infonavit a actuar con la más alta ética y eficiencia para que, de común acuerdo entre los tres sectores y en estricto apego a la normatividad y operación de la institución, pudieran llevarse a cabo las diferentes acciones.
Dichas medidas son: desistirse de seguir litigando los llamados “juicios masivos” que pudieran derivar en desalojos; ofrecer todas las facilidades de pago posibles para los trabajadores y evitar que pierdan su patrimonio; premiar el pago puntual de los acreditados; ampliar y fortalecer el programa Responsabilidad Compartida y buscar la innovación financiera del Instituto.
En sesión extraordinaria, los miembros del Consejo de Administración analizaron el contenido de la propuesta y coincidieron en lo general con el llamado y aprobaron —de manera abierta, democrática y con la responsabilidad que distingue al tripartismo del Infonavit— que las acciones propuestas se analicen y discutan a la brevedad en las próximas sesiones ordinarias de este órgano de gobierno.
En un comunicado, el organismo de vivienda precisó que en el caso de los juicios masivos, los consejeros coincidieron en revisar aquellos en que los que existan vicios jurídicos y, en todo caso, dar oportunidad de recuperación de garantías o regularización de los créditos.
Señalaron que cualquier decisión del Consejo debe de anteponer el cuidado de los recursos del Instituto que son propiedad de los trabajadores, y no son recursos públicos fiscales.
Los integrantes del Consejo de Administración también destacaron la importancia de reconocer la voluntad de pago de los acreditados a través de programas que recompensen el cumplimento puntual con los abonos bimestrales a sus créditos.
En ese sentido, se destacó el resultado del programa de conversión de créditos en Veces Salarios Mínimos (VSM) a pesos, Responsabilidad Compartida, que a la fecha ya benefició a 26 mil acreditados con descuentos que representan cinco mil millones de pesos.
DAMG