El viernes pasado fue aprobado en Comisiones, en el Senado de la República (T-MEC), el texto del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
Mañana inicia el periodo extraordinario para aprobarlo en el pleno y concederle el estatus legalmente reconocido por el Gobierno mexicano.

 

Este empeño por que el Congreso de nuestro país sea el primero de los tres involucrados, sin embargo, podría resultar frustrante y frustrado por los ánimos belicosos de Donald Trump y su intención de reelegirse.

 

Como se vio hace unas semanas, a Trump el comercio con México le sirve como arma y estrategia para fines políticos.

 

Brincando por encima del T-MEC y de otras normativas del comercio internacional, Trump mantiene la amenaza de imponer aranceles progresivos a las mercancías provenientes de nuestro país, si no cumplimos un acuerdo migratorio.

 

El asunto es político, más que comercial, pero debido al peso que tienen las exportaciones mexicanas a Estados Unidos y el eventual efecto que tendrían dichos aranceles en nuestra economía, nos pone contra la pared.

 

De nada servirá la aprobación del T-MEC si en el periodo que resta para cumplir el plazo de 45 días que impuso Trump a México con el fin de modificar su política migratoria el mandatario estadounidense no se dice satisfecho.

 

Volverá la amenaza de la imposición de aranceles sin que el Gobierno mexicano pueda remediarlo.

 

Y no es porque no quisiera, sino porque en este primer amago, México pudo haber respondido con medidas espejo, pero decidió negociar la política migratoria en una situación que dejó vulnerable al país.

 

Trump no respeta acuerdos ni compromisos, y sus decisiones se toman en función de la popularidad que le reportan sus encuestas diarias.

 

México se encuentra solo ante este embate. Ninguna potencia salió en defensa del Gobierno mexicano ante la amenaza del grandulón; será porque tampoco hemos hecho mucho en lo que va del sexenio por fortalecer nuestras relaciones internacionales.

 

Con seguridad la aprobación legislativa del T-MEC será un mero trámite; ojalá sirva de algo.

 

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El ex comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén, no renunció; lo renunciaron.

 

O si quiere, lo obligaron a renunciar, luego de haberse quejado en voz alta por no haber sido incluido en la nueva estrategia migratoria de la 4T.

 

La renuncia de Guillén estaba tan planchada en el gabinete que fue cuestión de minutos para que, después de conocerse su separación del INM, el propio López Obrador anunció que su sucesor sería Francisco Garduño, quien hasta el viernes pasado se encargaba de la administración de los penales federales.

 

Y Garduño sí estaba contemplado en la estrategia de contención de la nueva política migratoria mexicana.

 

Vamos a ver.

 

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Ahora sí Joel Ayala Almeida, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), está trabajando lo que no hizo en tooodaaasss las legislaturas en las que fue diputado federal o senador.

 

Los recortes de personal en la burocracia federal, la política de austeridad y ahora el aumento salarial de 3% concedido unilateralmente por la Secretaría de Hacienda traen movido al líder sindical.

 

Como sabe, el viernes la SHCP anunció un aumento de 3% para los trabajadores de base del Gobierno federal, incremento que fue rechazado por la FSTSE no porque fuera poco, sino porque no hubo negociación de por medio.

 

Almeida ya dijo que no lo van a aceptar (el aumento implica 125 pesos adicionales al mes), y que si quieren hacer una buena obra, se pongan a negociar.

 

 

 

 

jhs