“¿Cuál es el propósito de una futura reforma?,¿cuáles son los aspectos que queremos mejorar de las reglas del juego democrático que nos hemos dado, si, a diferencia de otros momentos, después de 2018 no hubo quejas relevantes por parte de ninguno de los contendientes?”
Lorenzo Córdova, Presidente del INE, lanzó estas dos preguntas al público durante su discurso con el que inauguraba el Foro Parlamento Abierto Reforma del Estado. Dos preguntas cargadas de potencia que parecerían obvias, pero cuyas respuestas no lo son tanto a pesar de la urgencia que parecen mostrar actores partidistas para reformar el sistema electoral, como sucede cada que hay elecciones federales. La tradición no es mala: recoger las experiencias del último proceso y plantear mejoras rumbo al siguiente. Durante décadas, la oposición impulsó una agenda de inclusión y equidad, se asignaron tiempos de radio y televisión para los partidos, se limitó el financiamiento privado en las campañas, se dotó al INE de autonomía y se creó en el Consejo General un espacio abierto en el que los partidos políticos y candidatos independientes exponen sus argumentos. Es ahí donde se debate, ahí donde los consejeros votan en público, donde se ven obligados a responder a los cuestionamientos y motivar sus decisiones. Cada reforma electoral ha sido así: la oposición presiona y el partido en el poder cede a cambio de gobernabilidad y apoyo en sus iniciativas de gobierno.
Sin embargo, en esta ocasión, el origen de los impulsos reformistas surge de una fuerza distinta. No es la oposición inconforme con el proceso o los resultados quien la exige, es el partido en el gobierno-MORENA- quien hoy insiste en reformar el sistema.
Pablo Gómez, diputado federal morenista y especialista en materia electoral describe en un artículo en la revista Proceso algunas de las fallas que encuentra. Entre los principales problemas, señala el carácter político del Consejo General que, según su texto, ya no es necesario. Agrega que, de cualquier forma, todas las decisiones importantes terminan resolviéndose en el Tribunal Electoral. Concluye al respecto: “Parte de la solución consiste en desaparecer el Consejo General y conformar la Junta General Ejecutiva como instancia exclusivamente técnica y profesional. Las autoridades electorales no deben ser políticos disfrazados sino especialistas imparciales.”
Este planteamiento, si bien podría sonar sensato, entraña serios problemas.
1) Califica como innecesario el Consejo General, un espacio técnico-político con presencia de representantes de partidos con voz y sin voto. Como muchos elementos en nuestro sistema, este espacio que es la columna vertebral del INE surgió como una respuesta a la desconfianza. En su momento era la desconfianza al PRI-Gobierno pero se mantuvo como una garantía después de su salida del poder. Resulta delicado que ahora sea el partido en el poder quien pretenda dar por terminada la etapa de la desconfianza. Esta es, sin duda, una decisión que no le corresponde al partido gobernante sino a la oposición. Y, si bien es cierto que el mecanismo de nombramiento de consejeros urge ser revisado y que, tal vez, un proceso de concurso sea mejor que la selección arbitraria que hoy tenemos, las fallas de la conformación actual no justifican que se elimine el Consejo General completo. Un espacio que además de servir para discutir la organización de las elecciones, también sirve como espacio fundamental de control y de denuncia. Eliminar el Consejo General sería, en esencia, destruir al INE que conocemos.
2) Asume que las decisiones electorales pueden constreñirse al ámbito de lo técnico cuando difícilmente en esta materia puede encontrarse una decisión que escape de lo político. Un técnico puede determinar cuándo se tienen que rediseñar los distritos electorales a partir del crecimiento poblacional y establecer los criterios objetivos para trazar los nuevos mapas pero será política la decisión de qué criterios priorizar, lo cual nunca es una tarea fácil ni carente de álgidos debates en la mesa del Consejo. Un técnico puede determinar la necesidad de depurar los padrones partidistas pero será política la decisión de dar una prórroga al partido que está en vísperas de celebrar una elección interna de dirigente. Un técnico podrá definir la paridad de género de muchas maneras distintas en una elección pero será política la decisión de por cuál de ellas optar afectando a unos candidatos y candidatas y favoreciendo a otros.
3) Parte de la idea de que como la mayoría de las decisiones relevantes las acaba tomando el Tribunal, el Consejo General no es necesario. Este argumento es curioso pues pareciera que el Tribunal no sufre los vicios que señala en el Consejo cuando se da exactamente la misma repartición de cuotas entre los partidos para su nombramiento y, peor aún, los magistrados se revisten de técnicos judiciales para tomar decisiones atrozmente políticas. A diferencia del INE, en el Tribunal la argumentación de las partes se hace en espacios privados, fuera del ojo público. Las sentencias recientes en las que ha contradicho al INE en los temas de mayor relevancia (La candidatura del Bronco y la excención de la multa por el fideicomiso de MORENA) dejan bastante mejor posicionado al INE que al Tribunal como una autoridad autónoma. En esta relación, tal vez sería ideal dejar al Consejo General como autoridad suprema en ciertos temas, no desaparecerlo.
Es necesario, sin duda, mejorar el sistema, hacerlo más incluyente para los candidatos independientes, reducir spots, aumentar debates, agilizar y modernizar procesos. Sin embargo, la ruta no es echar por la borda lo que llevamos construido. El diputado Gómez pone como referente a los institutos electorales de otros países por ser pequeños, discretos y austeros. Hay muchas cosas que envidiarle a otros países. la organización electoral no es una de ellas. Tal vez porque venimos de la desconfianza y la hegemonía priista pero hemos logrado un sistema sólido que es ejemplo en el mundo entero y que hace elecciones cuyo resultado todos aceptamos. No envidiemos aquello en lo que somos pioneros. No destruyamos una institución que ha costado años de lucha y cuyo valor está justamente en la tranquilidad democrática que se vive después de una elección…La que estamos viviendo hoy.
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