Es muy difícil saber cuánto tiempo habrá de pasar para que el actual Gobierno dimensione la importancia y el impacto negativo que tuvo su decisión de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco (NAIM).

Porque es un hecho que va mucho más allá de simplemente poner en otro lugar esta obra que tiene más de 30 años de retraso en esta zona central del país.

Quizá tendrá que ser en una retrospectiva histórica que se caiga en cuenta que los costos asociados a desechar una obra con más de 30% de avance iban más allá del terreno de su construcción.

Al duro golpe a la confianza que implicó esta decisión, claramente caprichosa, se añaden por supuesto presiones importantes al gasto público. Pero lo que ahora pone en juego es un examen a la división de poderes.

Claramente hablando del Poder Judicial, ante la anulación de un contrapeso en el Poder Legislativo, es hoy el único con la capacidad de hacer valer la sensatez de las leyes que confirman la inviabilidad de construir un aeropuerto civil en las lejanas instalaciones de la base aérea militar de Santa Lucía.
Más allá del desenlace que tengan las suspensiones provisionales que hoy están vigentes, para no seguir con la construcción de Santa Lucía y con la destrucción de Texcoco, quedará para la historia el uso de argumentos falsos para cancelar la obra.

Aquello del lago y los pobres patos quedó desmentido por la simple observación de que ahí no hay ni un charco, menos un lago amenazado. Quizá por eso la urgencia de querer inundar las obras. Porque cualquier viajero que despegue del actual aeropuerto puede ser testigo de que no hay lago y de que se ha abandonado una obra con un clarísimo avance.

Pero otro argumento que usa mucho el presidente Andrés Manuel López Obrador es también claramente falso. Si se construye el aeropuerto de Texcoco, la mafia hará en los actuales terrenos del aeropuerto capitalino un nuevo Santa Fe.

Estas palabras se venden muy bien entre su clientela política, porque incide en la vieja lucha de clases. Habla de quitarle a la ciudad terrenos para hacer construcciones para fifís, como en el poniente de la capital.

Lo que no quieren decir desde la cúpula de la 4T es que hasta el último centímetro de los terrenos del actual aeropuerto es federal. Por lo tanto, el titular del Poder Ejecutivo federal tendría plena potestad de definir el uso de esos terrenos.

Todos sabemos que esa persona es Andrés Manuel López Obrador, y que es un muy poderoso gobernante como para decidir que en lugar de un Santa Fe se construya un parque, escuelas, hospitales o simplemente lo que él decida.

En todo caso, deberá contar con el visto bueno del Gobierno de la Ciudad de México. ¿Quién es la titular de esa entidad? Sí, Claudia Sheinbam, la recientemente rescatada por el propio Presidente.

Así que sin problemas puede volverle a levantar la mano, echarle una porra y anunciar el destino de esos terrenos. En fin, ese discurso que usa es falso.