Esta semana el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas (Acnur) inició reuniones con la cancillería mexicana para una solución integral y regional ante el éxodo de centroamericanos hacia México y Estados Unidos.
En entrevista con Notimex, la oficial de Información Pública de Acnur México, Silvia Garduño, dio a conocer que el encuentro entre los representantes de la cancillería y ese organismo en México, entre otras instancias, tiene la finalidad de fortalecer en México el espacio de protección para los refugiados y migrantes, así como la institución del asilo.
Además, indicó que la reunión busca resaltar la necesidad de reforzar la capacidad de protección a nivel regional, es decir, entre los gobiernos a los que pertenecen las personas expulsadas; así como los que conforman Norteamérica.
En declaraciones para Notimex, la profesora en Sociología en Columbia University y miembro del Comité en Pensamiento Global y especialista en temas de refugiados, Saskia Sassen, mencionó que las caravanas de centroamericanos que llegaron a México, más que migrantes son refugiados porque son expulsados de su país por violencia y despojo de sus tierras por personas con poder económico y político.
Sassen aseguró que fue una decisión “sabia” la del presidente Andrés Manuel López Obrador, de aceptar la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de detener a los refugiados, a cambio de no imponer aranceles a los productos mexicanos.
En tanto, la titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Elisa Ortega Velázquez, en entrevista por separado opinó que el gobierno mexicano, no debió aceptar “el intercambio de vidas, por aranceles”.
En este contexto, la oficial de Información Pública Acnur México, Silvia Garduño, comentó que el desplazamiento forzado desde Centroamérica ejerce una presión sobre la capacidad de asilo de toda la región, “lo que pone en riesgo a un creciente número de familias e individuos que conlleva a situaciones que ningún país puede abordar por sí solo”.
Refirió que el encuentro con representantes de la cancillería mexicana es resultado de un llamado, por parte de la Acnur, a una reunión regional en la que participen los gobiernos de la región (centroamericanos y norteamericanos).
Además, expresó que obedece a la disposición y llamado que hizo la semana pasada el titular de la cancillería mexicana, Marcelo Ebrard Casaubon, en el sentido de involucrar a diferentes agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para avanzar de manera coordinada en el tema migratorio y de asilo.
Y es que con base en datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), mientras en 2014, el gobierno mexicano recibió dos mil 137 solicitudes de asilo, y al cierre de 2018 fueron 29 mil 623.
Mientras que durante el primer semestre de este año habrán de rebasar las 27 mil 799; de tal manera que durante 2019 se estima que serán unas 80 mil; así de 2014 al cierre de 2019, las solicitudes de asilo en México habrán aumentado tres mil 900%.
Desde 2013, la mayoría de estos solicitantes son originarios de Honduras, les seguían los de El Salvador, de Cuba, Guatemala y otros países, sin embargo, a partir de 2017 se incrementaron los venezolanos (27.7 por ciento), apenas debajo de los hondureños (29.2%) y por arriba de los salvadoreños (25.4%).
Según Garduño, México tiene dos principales retos en materia migratoria: En primer lugar es fortalecer con recursos congruentes al número de solicitantes de asilo, los económicos a la Comar, organismo que depende de la Secretaría de Gobernación.
Un segundo reto, señaló, es terminar con la práctica de detención migratoria para solicitantes de asilo, sobre todo de niños y adolescentes porque a pesar de ser menores de edad, no deben ser detenidos, en la práctica es común encontrarlos en detención.
Saskia Sassen, experta en estudios de inmigración expuso que “hay algunos actores con poder que quieren las tierras de los grupos minoritarios y por eso los echan. Son mafias que los matan. Es una situación muy seria, no sólo de derechos humanos”.
Además, la experta explicó que tanto los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala y el de Yemen, de acuerdo a la ONU, “son las naciones con mayor número de matanzas, abusos, expulsiones y los más brutales para la gente modesta en comparación con el resto del mundo”.
A su vez, la especialista en Derecho, Migración Forzada y Asilo de la UNAM, Elisa Ortega Velázquez, indicó que México aceptó intercambiar vidas por aranceles porque también las considera inferiores en una expresión abierta de clasismo, racismo y xenofobia, por lo que aseguró que hay nada que festejar en el acuerdo del pasado 5 de junio.
La académica de la UNAM, aseguró que México incumple los requisitos laborales, sociales, de salud pública y de educación para ofrecerlos a los refugiados por las condiciones económicas del país, la inseguridad y los delitos que se cometen en contra de los migrantes en su tránsito por el territorio nacional.
A ello se suma la falta de capacidad operativa y financiera de la Comar para atender las solicitudes habituales que de por sí están rezagadas, por lo que aseguró que es impensable que el gobierno de México podrá dar seguridad social y económica a esas personas, añadió la experta universitaria en temas de refugiados.
MGL