El anuncio del Gobierno federal de aplicar la extinción de dominio a transportistas que trasladen indocumentados, deberá obligar a las empresas a realizar acciones que sustenten su carácter de tercero de buena fe, y demostrar que tomó las diligencias necesarias para no participar en la comisión de ilícitos, dijo el secretario del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Adrián Franco.
Explicó que las empresas tienen la posibilidad de decir que le robaron la unidad y de esa manera reclamar que no son parte de un proceso de extinción de dominio, lo cual es distinto de una organización delictiva que tiene vehículos y que los utiliza para cometer el delito.
“Hay que hacer una distinción entre una empresa transportista que tiene cientos o miles de unidades, y cuya actividad principal sea transportar mercancías o personas; qué pasaría si una o dos de sus unidades son secuestradas, y son utilizadas para transportar migrantes de forma ilegal, o para cometer un acto delictivo como trata de personas”, cuestionó el abogado penalista.
Por ello, destacó que se tendrá que revisar caso por caso, para evitar cometer un acto en contra de una persona que de buena fe, tomó las medidas necesarias para no participar en la comisión del delito.
“Las organizaciones delictivas delinquen para tener un recurso económico, si el Estado puede recuperar esos recursos y secar la fuente de ingresos es el mejor mecanismo para poder reducir su poderío”, dijo.
Mencionó que según estimaciones conservadoras, sólo en México, se realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de entre 15 y 50 mil millones de dólares, lo que representa entre 2% y4% del PIB nacional.
SIN AVANCES EN EL SENADO
Al iniciar el período extraordinario de sesiones, donde uno de los temas en la agenda es la Ley de Extinción de Dominio, no existen todavía avances sustanciales en el dictamen, reconoció el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera.
En una entrevista, dijo que su bancada ha pugnado porque se considere la figura de la “monetización o de la venta anticipada, esto es fundamental para extinción de dominio porque si no el SAE no va a funcionar, llámele como le llames; se va a quedar con los bienes y le va a costar mucho más caro al Estado mexicano tener un bien asegurado que dejarlo pasar”.
Por su parte, el vicecoordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, consideró que aplicar la extinción de dominio a los tratantes de personas es una medida que debe ser tomada en cuenta, siempre y cuando previamente se realicen las investigaciones para deslindar responsabilidades.
FRASE:
“La extinción tiene que partir de la investigación del Ministerio Público, y derivado de la ley nacional de extinción de dominio para la recuperación de esos bienes que son objeto, o producto de un ilícito, o se utilizaron para cometer un delito”, Adrián Franco, Secretario del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.
jhs