La investigación iniciada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por haber proporcionado información falsa en su declaración patrimonial y omitir una cuenta bancaria de cientos de miles de pesos, que terminó con una inhabilitación por 10 años, es la punta del iceberg de la cruzada que ha emprendido el presidente Andrés Manuel López Obrador retórica y realmente desde su campaña.
A pesar de la batalla legal y mediática de su abogado, ahora el ex director de Pemex tiene una orden de captura. “No lo van a encontrar”, dijo Javier Coello Trejo en algo que se supone es una estrategia de defensa… de buena fe.
Parte del engranaje de este caso es la compra de la planta Fertinal, en la cual es señalado el ex presidente Enrique Peña Nieto por supuestamente recibir un soborno y autorizarla a sobreprecio.
El ex mandatario se defendió ayer en un tuit. “Rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra, publicadas esta mañana en distintos medios y atribuidas a un supuesto informante. No es la primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno. Por supuesto, mienten”.
La mala fe trasciende fronteras, por lo visto, ya que se dio a conocer que el Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga a Peña Nieto por este caso.
La pesquisa apunta a que México, como otros países de América Latina, no dejará impune la participación de ex funcionarios en el caso Odebrecht. López Obrador insiste en que no hay venganza, sino cero tolerancia a la impunidad.
Hay que recordar que la investigación sobre el caso Odebrecht ya estaba lista, según lo había informado Raúl Cervantes cuando en octubre de 2017 renunció a la PGR. Sin embargo, el Gobierno de entonces no quiso actuar ni de buena ni de mala fe; prefirió la omisión.
Reducir lo legal a categorías morales básicas es irrespetuoso para una ciudadanía que estaba tan cansada de las burlas y el abuso que acudió a votar en tsunami por el cambio. La promesa de acabar con la corrupción detonó y sigue fomentando el alto nivel de aceptación que mantiene el presidente López Obrador y la fuerza electoral que representa.
Puebla y Baja California Sur son los más recientes ejemplos de que su base se mantiene firme y a la expectativa de que se haga justicia con mucho más que un instituto para devolverle al pueblo lo robado.
La probabilidad de terminar con la impunidad inicia con la exigencia de rendición de cuentas a los personajes que estuvieron en el círculo de poder más cercano al ex Presidente de la República, entre ellos los que detonaron la decadencia financiera de Pemex.
La mala fe, entonces, no sirve como excusa en Twitter, y mucho menos será útil ante una investigación seria. Pero quizá no haber considerado ciertos valores básicos del servicio público para tomar decisiones centrales que involucraron el dinero de todos los mexicanos sí fue el primer paso del resultado judicial que estamos en vísperas de observar.