Los amparos deben ser válidos de acuerdo a la gravedad del delito, y no debe haber delito más grave que el robo a la nación. Si el amparo dejara de servirle a los corruptos, habría más justicia en México y, desde luego, menos corrupción.

El delito de corrupción requiere de una planificación, alevosía, ventaja y violación a los compromisos de todo servidor público. De ahí que en estos casos la pericia, experiencia, sabiduría de los abogados defensores debe quedar al margen de este proceso que altera la aplicación de la justicia como se ha visto a lo largo de las diferentes demandas que por este delito se les ha culpado a algunos funcionarios públicos.

Es tiempo de notar el cambio, pero también de demostrarlo con hechos. El caso de personajes como Emilio Lozoya Austin puede estar sujeto a las reglas del juego legal, pero no forma parte de la justicia que quiere imponerse desde la perspectiva de la población.

Estos dos modos de ver el proceso contra quienes están acusados de corrupción chocan en este momento; sin embargo, se hace cada vez más necesario que haya una transformación desde los ámbitos más oscuros de la legislación para que el amparo en casos de corrupción no exista.

Lo que quiere el pueblo mexicano es justicia, incluso debe obligarse a los culpables a regresar el dinero que tomaron de las arcas, porque no les corresponde y hace falta para cubrir necesidades que nunca fueron satisfechas.

En ese mismo camino hacia la justicia largamente esperada surgen otras variables que arrojan nuevas pesquisas e implican a otros responsables. En 2015, en la compra de la planta Fertinal, por Petróleos Mexicanos, además de Enrique Peña Nieto también se contó con la autorización de Pedro Joaquín Coldwell, Emilio Lozoya y el ingeniero Cuauhtémoc Ochoa Fernández.

Así lo dice la denuncia que interpuso el 5 de marzo pasado de este año, ante la Fiscalía General de la República, Martha Edith Rodríguez, apoderada legal de Pemex. Es decir, ahora acompañan otros dos personajes a Lozoya, que parecía el delincuente solitario en eso de agenciarse dinero del pueblo a sus bolsillos. Según la demanda, los antecedentes de esa compra datan de cuando Peña Nieto hizo el Pacto por México junto con los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, el 2 de diciembre de 2012, cuando autorizaron la compra y modernización de Pemex.

Ante la impaciencia de la población de ver tras las rejas a los culpables de la corrupción que identificó al Gobierno por muchos años, la dinámica de la ley es muy lenta. Luego de casi siete meses de Gobierno, la prioridad debió ser el proceso contra los corruptos, eso es lo que los mexicanos esperan y ésa es la primera campaña que debe concretarse tratándose de un régimen que apostó por la erradicación de la corrupción de la administración pública en todo el país.

Mientras el Gobierno federal muestra prisa por sacar adelante sus principales obras como el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, la gente quiere ver que se castigue a los corruptos y, hasta ahora, sólo se asoman unas cabezas como responsables cuando hay muchas más.

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