Puebla fue el estado con más denuncias por violencia política de género cometido contra mujeres en el proceso electoral de 2018 y, a pesar de lo anterior, la tipificación de este tipo de agresiones ha sido relegada por las autoridades.
Puebla y Veracruz son los únicos dos estados del país que no han incluido ningún tipo de regulación en materia de prevención y sanción de estas acciones, de acuerdo con el Diagnóstico multidimensional de Violencia Política Contra Mujeres en las elecciones federales de 2018.
El informe, realizado por la asociación Cafis, ofrece un inédito análisis sobre la manera en que se menoscaba o anulan los derechos de las mujeres que participan en la vida política del estado.
El análisis contó con entrevistas a 32 de las 38 ex candidatas a diputadas federales y una revisión de notas de prensa, redes sociales y solicitudes de información a los partidos políticos del estado.
El 26.9% de las ex candidatas consideró que son los medios de comunicaciones los responsables de los actos de violencia política que se cometieron en su contra el año pasado; 23.1% responsabilizó a sus propios partidos; y 19.2% a la ciudadanía en general, que llegó a proferir frases misóginas en su contra durante los actos públicos.
Esta investigación, presentada ayer por Natalí Beatriz Hernández Arias, directora de Cafis AC, vincula a los medios con acciones de difamación, menosprecio o nulificación de trayectorias políticas, y a los partidos como entes que no están dispuestos a buscar la formación de cuadros políticos femeninos.
Mientras que a más de dos meses de que se declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la entidad, Puebla -según cifras oficiales- registró en abril tres casos de feminicidios y ocho homicidios violentos de mujeres.
A la par, Odesyr contabiliza de manera extraoficial nueve probables feminicidios en el cuarto mes del año en curso, mes en el que se decretó la Alerta.
LEG